A través de una llamada a Hoy Mismo, el miembro de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, Omar Rivera, expresó que el Comisionado General, Leonel Sauceda, durante la depuración no presentó ninguna irregularidad.

Asimismo, explicó que el ente encargado de ver por los patrimonios de los oficiales es el Ministerio Público y no corresponde la Comisión o a la secretaria de Seguridad.

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"El lavado de activos faculta al Ministerio Público, eso no es facultad de la comisión... Nosotros no tenemos facultades para evaluar el patrimonio", aclaró Rivera.

"Bajo ninguna circunstancia nosotros transgredimos la ley al asignarle los ascensos respectivos a los oficiales", incluido Sauceda, explicó el secretario del FONAC.

También a tavés de un comunicado de la deuparadora aseguraron que tras las investigaciones de las unidades de control disciplinario e inspectoría, "se constató que ninguno de los aspirantes a ascenso tenían sanciones disciplinarias".

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Comunicado: La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, en relación a la detención preventiva del Comisionado General Leonel Luciano Sauceda Guifarro, tiene a bien pronunciarse al pueblo hondureño de la siguiente forma:

PRIMERO.- Esta comisión, verificó el procedimiento aplicado para los recientes ascensos llevados a cabo al interior de la institución policial, en el marco del cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Ley Orgánica de la Policía, Ley de la Carrera Policial y el reglamento de ascensos.

SEGUNDO.- Los ascendidos fueron sometidos a varios filtros de evaluación, en primera instancia por el comité selector de la institución policial posteriormente examinados por la Comisión Especial y remitidos para que el Secretario de Seguridad los turnara oficialmente al Presidente de la República, para que a su vez los remitiera al Congreso Nacional

TERCERO.- De la misma manera fue evaluada su idoneidad, conducta y desempeño a través de la aplicación de las pruebas de confianza toxicológicas, poligráficas y sicométricas además de los exámenes médicos y pruebas físicas.

CUARTO.- Asimismo se solicitó en primera instancia información a unidades de control disciplinario e inspectoría General de la Policía Nacional y a instituciones como el Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y otros entes contralores del Estado.

Una vez concluido el procedimiento de ley se constató que ninguno de los aspirantes a ascenso tenían sanciones disciplinarias, juicios en curso o reparos en firme que imposibilitaran el ascenso respectivo.

QUINTO.- Reconocemos que es facultad exclusiva del Ministerio Público investigar y dar persecución a los indicios de supuesta comisión de delitos por lo que esperamos que en el caso especifico del Comisionado Leonel Sauceda se respete el estado de inocencia y el debido proceso.

Ratificamos nuestro compromiso de continuar con el proceso de consolidación de la reforma policial.

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