El exdirector de Invest-H, Marco Bográn, fue objeto de ataques e insultos por parte de un grupo de ciudadanos hondureños el 30 de septiembre, antes y después de declarar ante agentes y fiscales anticorrupción, por nuevas investigaciones del Ministerio Público por presuntas irregularidades en procesos de compra para el sistema de salud en el contexto de la pandemia por covid-19.

Las personas que se apostaron frente al edificio de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) señalaban de "delincuente", "ladrón" y "asesino" a Marco Bográn, a quien además le preguntaban "¿dónde está el dinero?" para atender la emergencia sanitaria.

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Bográn es el principal investigado de la Fiscalía por la compra de siete hospitales móviles, supuestamente de manera irregular, no obstante que se desconoce por qué caso declaró el miércoles. La Fiscalía y ATIC informó que identificaron "nueva documentación y registros de compras en el sistema de salud".

Para el analista político Edmundo Orellana, las agresiones en contra de Bográn son alentadas por sentimientos de odio y anuncian "lo que podía ocurrir a otros funcionarios que resulten sospechosos de casos de corrupción en la pandemia".

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"Aquellos que se atrevan al menos a crear sospechas de que no están haciendo bien las cosas, el pueblo les va a reclamar y desde luego a castigar", dijo Orellana a tunota.

Frustración del pueblo

El exfiscal genera de la República también señaló que el pueblo hondureño está "despertando sentimientos de frustración y desesperanza" porque no ven resultados de los órganos encargados de investigar y proceder criminalmente contra quienes resultan sospechosos de acciones ilícitas en medio de la pandemia.

"Esa negligencia está provocando en la población esa reacción, y es peligroso que esa reacción se troque en agresión física que puede incluso dañar la integridad de los señalados, es gravísimo, y sería imputable directamente a quienes debiendo cumplir con su obligación no procede", expresó en relación al Ministerio Público.

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A criterio del analista, "actuó más rápido Invest-H en sumar 48 millones de dólares (para comprar siete hospitales móviles) que el Ministerio Público proceder criminalmente contra quienes se sumaron ese dinero".

Orellana cuestionó el extravío de miles de millones de lempiras solo en el sector sanitario, incluyendo el desfalco que fue objeto el Seguro Social, lo que repercute en un mal servicio de salud, provocando hasta la muerte de hondureños.

"Y en ese contexto, el gobernante (Juan Orlando Hernández) se atreve a decir que tenemos un robusto sistema de salud. Me parece que es la expresión más cínica que he escuchado en lo que va del Siglo", puntualizó.

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