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El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, vetó parcialmente este viernes la “Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia” que en uno de sus artículos limitaba la libertad de prensa y que los medios ya tildaban de "ley mordaza".
La Ley, aprobada de forma unánime por el Congreso el pasado 26 de abril, establecía en su artículo 8 una serie de prohibiciones de acceso a la información, específicamente la relacionada a prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; investigaciones sobre procesos disciplinarios, expedientes en trámite y resoluciones administrativas.
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El Colegio de Periodistas, la Defensoría de los Habitantes y los medios de comunicación urgieron en los últimos días a Alvarado el veto a esta legislación y entregue el poder al presidente electo Rodrigo Chaves.
Según estas organizaciones, con las limitaciones sería imposible para los medios de comunicación, por ejemplo, informar de casos de corrupción que investigan las autoridades judiciales.
El veto parcial a la ley fue firmado también por la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, y el ministro de Comunicación, Agustín Castro.
El veto presidencial recae sobre los incisos b, d, e, f, g, h, i y k del artículo 8 de la ley.
Según la Casa Presidencial, 6 de los 8 incisos vetados “tienen una loable intención de regular adecuadamente el acceso a la información pública; pero podrían ocasionar confusiones interpretativas que lo limiten u ocasionen inseguridad jurídica”.
En cuanto a los incisos d y k, el Gobierno aseguró que "representan un riesgo para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública y para la libertad la prensa, por lo que resultan inconstitucionales".
El presidente dijo que esas limitaciones "generan un quebranto al orden constitucional y convencional del ejercicio de la libertad de prensa; la cual ha sido uno de los valores más importantes de la democracia costarricense a lo largo de la historia”.
Por su parte, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, instó a la Asamblea Legislativa a que "en el menor tiempo posible pueda conocer este veto y así subsanar la norma y darle al país garantía de que podrán tener siempre acceso a información de la gestión pública y de los asuntos de interés del país”.
La ley tiene como objetivo mejorar la transparencia y el acceso a la información mediante disposiciones dirigidas; por ejemplo, a reducir los plazos de ley que tienen las instituciones para suministrar información pública a la ciudadanía y la prensa.
