Ahora son más significativos sus efectos sobre las finanzas, porque no solamente se ha incrementado en un 40 por ciento el número de dependencias estatales, sino que se ha alzado en 6,000 la cantidad de funcionarios y empleados que ganan más de 40,000 lempiras.

¡Claro que no es aceptable que siga alentándose una burocracia estéril, ineficiente y con una existencia semejante a la de los parásitos!

En contraposición, la pobreza ha pasado de cinco a siete de cada diez personas y 2.4 millones de personas tienen problemas laborales; esto es, más del 60 por ciento de la fuerza laboral.

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Para este año fue aprobada una partida de alrededor de 90,000 millones de lempiras para el sostenimiento del aparato gubernamental, unos 5,000 millones de lempiras por encima de la suma que fue destinada para semejante objetivo en 2022.

¡Qué forma de derrochar los escasos fondos con los que cuenta nuestra hacienda en tiempos de crisis económica, profunda brecha social e inestabilidad política!

Una de las promesas tomadas por las autoridades de turno, como también fue declarada en las administraciones precedentes, es la reducción de la partida de los gastos por servicios personales sobre la base de la racionalidad y del buen desempeño de las finanzas.

Aligerar el peso de la burocracia y alcanzar el mínimo grado de eficiencia por parte de los servidores gubernamentales, han resultado ser puras propuestas mentirosas, compromisos falsos e intentos fallidos.

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Es contrario a las conveniencias del país que tengamos que mantener una estructura gubernamental de tal tamaño. Es un golpe bajo para las mayorías que demandan protección social y desarrollo económico.

Es un despropósito que un país en rezago como el nuestro destine nada más y nada menos que la cuarta parte del Presupuesto en el pago de sueldos y salarios, peor aún si es para aquellos funcionarios que ganan sumas ofensivas de entre 200 mil y 300 mil lempiras mensuales.

Somos una nación empobrecida, afectada por la corrupción y la impunidad; además, cargada con una masa ociosa de más de 200 mil burócratas, cuyo único mérito es el de haber hecho una carrera política apadrinada por los “oportunistas” del poder.

Estos vicios tendrían que llegar a su fin, más cuando nuestra economía va en decadencia y nuestra malla social está resquebrajada.

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Los hondureños ya no podemos seguir alimentando una estructura de funcionarios y empleados públicos, la mayoría de los cuales ni siquiera tienen las competencias requeridas para los puestos que desempeñan, pero que -por desgracia- están enclavados en una administración pública estéril.

Todo debería de pasar por el funcionamiento de un gobierno pequeño que esté en concordancia con la disciplina fiscal, la buena gestión pública y un Estado de Derecho consolidado.