Los diputados del Congreso Nacional de Honduras aprobaron el lunes (19.07.2021) un mecanismo bajo el cual exonerarán a los parlamentarios Sara Medina y Román Villeda, acusados por corrupción, de responsabilidad alguna en el caso conocido como "Fe de Erratas".

Medina y Villeda fueron acusados por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno al modificar irregularmente la ley del presupuesto para beneficiar a los imputados en el caso "Red de Diputados".

En dicha investigación, la Maccih encontró que al menos 8 millones 300 mil lempiras que fueron destinados a cuentas particulares de diputados y organizaciones no gubernamentales (ONG) fantasmas.

En la modificación presupuestaria, ambos parlamentarios incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

La resolución de los congresistas de incluir un mecanismo de seguimiento y revisión de estilo adscrito a la secretaría adjunta del Congreso responde a una solicitud hecha por el Poder Judicial en noviembre de 2020, bajo el principio de prejudicialidad.

En el principio antes mencionado se le pide al Congreso Nacional que valore en concreto el caso de la diputada Sara Medina para que sea el Legislativo el ente encargado de valorar el caso y determinar si existe alguna infracción de orden administrativo o legislativo y se proceda a su respectiva sanción.

Cabe señalar que, la acción incoada por el Ministerio Público en contra de Medina se vincula a hechos relacionados con la función legislativa.

Argumentaciones del Congreso

Mientras tanto, en sus argumentaciones el Congreso Nacional indica que de 2005 al 2007 el Poder Legislativo hizo uso del mecanismo de la "Fe de Erratas" en más del 73 ocasiones, por errores de forma o de contenido, y que no se ha impuesto ninguna sanción para quienes firmaron los decretos con errores de forma o de contenido.

Sara Medina obstruyó las investigaciones sobre corrupción en su papel de secretaria del Congreso para evitar que la Fiscalía investigara a los funcionarios involucrados en el caso "Red de Diputados", y debido a ello fue mencionada en la Lista Engel publicada a principios de julio por Estados Unidos.

Según las investigaciones, los diputados implicados en este caso recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ONG, Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (Anpibch), ente que recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas.

La Maccih comprobó que los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos, con lo que se habría perfeccionado el delito de malversación de caudales públicos.

En total, los funcionarios y exfuncionarios hondureños habrían malversado alrededor de 1,518 millones 147 mil lempiras del erario público.

La Corte Suprema de Justicia ordenó que el juicio de dichas personas fuera archivado hasta que el TSC realice una auditoría de los recursos que ellos manejaron, de acuerdo a una reforma que el Congreso Nacional hiciera a la Ley Orgánica del Presupuesto.

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