Los artículos 28 y 153 serán eliminados del nuevo Código Penal, así lo determinó el miércoles el Congreso Nacional en sesión ordinaria. El diputado Mario Pérez explicó que ambos artículos tuvieron que ser reconsiderados.

"Creemos que la responsabilidad debe ser directa contra el que comete el ilícito penal y no al director o al dueño del medio de comunicación", dijo Pérez, quien funge como secretario del Congreso Nacional.

Para ejemplificar un poco, el artículo 28 habla sobre la responsabilidad penal en delitos cometidos a través de medios de difusión, en él se detallaba quiénes debían responder a la hora de deducir responsabilidades tras emitir una información.

"En los delitos que se cometen utilizando medios o soportes de difusión no responden criminalmente los cómplices. Los que sean autores sólo responden, en estos casos, de forma escalonada, excluyente y subsidiaria", dice la primera parte del artículo 28.

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La responsabilidad ascendente que establecía el artículo 28 quedó fijada hacia el periodista o comunicador que emita la información, pues fue eliminada así la cadena de responsabilidad escalonada que recaía a jefes de redacción, directores y hasta a dueños de medios de comunicación.

El otro artículo eliminado, el 153, "deja claro y establecido que una violación de derechos humanos es responsable quien comete el hecho y quien dio la orden -si es que existió alguien que ordenó-, pero que nunca va a llegar a responsabilidad contra alguien que no tuvo el conocimiento de esa situación o que no tuvo ningún tipo de participación en la misma", detalló el secretario del Congreso Nacional.

En la sesión legislativa, celebrada la noche del miércoles, los diputados votaron a favor de que se suprimieran ambos artículos, salvo la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), que votó en contra.

Los artículos eliminados

ARTÍCULO 28.- RESPONSABILIDAD PENAL EN DELITOS COMETIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE DIFUSIÓN.

En los delitos que se cometen utilizando medios o soportes de difusión no responden criminalmente los cómplices. Los que sean autores sólo responden, en estos casos, de forma escalonada, excluyente y subsidiaria, de acuerdo con el orden siguiente: a) Quienes hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate y quienes les hayan inducido a realizarlo; b) Los directores de la publicación o programa en que se difunda; c) Los directores de la empresa editora, emisora o difusora; y, d) Los directores de la empresa de grabación, reproducción o impresión. Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de Honduras, no puede perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los literales del párrafo anterior, debe dirigirse el procedimiento contra las mencionadas en el literal inmediatamente posterior.

ARTÍCULO 153.- RESPONSABILIDAD DE LOS JEFES Y OTROS SUPERIORES.

Deben ser castigados con las mismas penas previstas para los autores de los delitos comprendidos en los capítulos I, II y III del presente Título, la autoridad o jefe militar, o quien actúe efectivamente como tal, cuando tales crímenes sean cometidos o, por fuerzas bajo su mando y control efectivo o bajo su autoridad y control efectivo, según sea el caso, si no se hubieran adoptado las medidas necesarias y razonables a su alcance para evitar la comisión.

También debe ser castigado con la misma pena el superior no comprendido en el párrafo anterior, que en el ámbito de su competencia y estando a su alcance puede evitar la comisión por sus subordinados, de alguno de los delitos comprendidos en los capítulos I, II y III del presente Título.

La autoridad o jefe militar, o quien actúe efectivamente como tal, que no adoptará las medidas a su alcance para que sean perseguidos los delitos comprendidos en los capítulos I, II y III del presente Título, cometidos por las personas sometidas a su mando o control efectivo, deben ser castigados con las penas reducidas en un tercio (1/3) a las previstas para los autores.

También debe ser castigado con las penas reducidas de un tercio (1/3) o dos tercios (2/3) a las previstas para los autores el superior no comprendido en el párrafo anterior, que en el ámbito de su competencia, no adoptare las medidas a su alcance para que sean perseguidos los delitos comprendidos en los capítulos I, II y III del presente Título cometidos por sus subordinados.

El funcionario o empleado público, que sin incurrir en las conductas previstas en los párrafos anteriores y faltando a la obligación de su cargo, deja de promover la persecución de alguno de los delitos comprendidos en los capítulos I, II y III del presente Título, de que tenga noticia, debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de diez (10) a quince (15) años.

Si los jefes, autoridades o superiores en los supuestos señalados en los párrafos anteriores actuarán por imprudencia grave, se les debe castigar con la pena reducida en un tercio (1/3).