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Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) informaron el martes sobre las deficiencias que han encontrado en el proceso de compras de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), en el marco de la emergencia sanitaria nacional por el covid-19.
Según el TSC, los pagos de las compras de materiales, insumos y artículos en el periodo comprendido del 17 de marzo al 4 de abril, están suspendidas, mientras Copeco no presente la documentación soporte de los gastos presentados, con fines de transparencia.
El TSC señala que "los procesos utilizados para su ejecución no cumplieron con las normas establecidas para una sana y buena administración".
De acuerdo con el informe preliminar, revelado por el TSC, las compras de Copeco suman un total de 48 millones 11 mil 281 lempiras con 21 centavos, según documentos relacionados con cheques pagados y los pendientes de pago.
Son 17 cheques que están pendientes de pago, por la suma de 16 millones 662 mil 388 lempiras, ya que presentan una serie de inconsistenias, especifica el ente contralor.
En ese sentido, el TSC señala "una serie de deficiencias de control interno, entre ellas que Copeco contrató con intermediarios, es decir empresas que tienen un giro totalmente distinto al que se debe dedicar una empresa de acuerdo a los productos que vendió a la institución, con las cuales no era conveniente la relación".
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Además, según los selañamientos del TSC, se desconoce el destino final de algunos bienes adquiridos por la Copeco, y "no se puede determinar si la compra se realizó para mantenimiento de stock en inventarios o para un fin específico".
"En muchas compras no se establecieron tiempos de entrega de los bienes adquiridos, elemento indispensable para determinar si se toma o no una oferta; y en la mayoría de los pagos se carece de documentación", manifiesta.
Advertencia de responsabilidad civil y penal
El Tribunal Superior de Cuentas realizará las investigaciones especiales a posteriori por las diferentes incongruencias a fin de verificar todos aspectos técnicos.
De esa manera, advierte que, de encontrarse irregularidades que afecten el patrimonio del Estado, emitirá los informes correspondientes y, de ser procedentes, los pliegos de responsabilidad civil.
Además, de existir indicios de responsabilidad penal se remitirá el informe especial penal al Ministerio Público y las responsabilidades una vez firmes a la Procuraduría General de la República.