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El Juzgado de Ejecución Penal de Danlí, El Paraíso, emitió una resolución para que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) proceda a hacer una distribución de privados de libertad de la cárcel “La Tolva”, en Morocelí, hacia otros recintos del país.
Según el mandato, las autoridades carcelarias deben proceder a la inmediata redistribución de los recluidos “de preferencia” a cárceles que les posibilite el arraigo familiar, requisito de ley para algunos reclusos condenados para optar al beneficio de la preliberación y posterior libertad condicional.
En la resolución judicial se enfatiza que la cárcel en Morocelí debe quedar exclusivamente para albergar en los dos módulos con que fue diseñada a los miembros de las estructuras delictivas “MS-13” y “18”. De esa manera se podrá separar “por lo menos” a reclusos condenados y procesados y así evitar el hacinamiento en ese reclusorio.
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El mandato del Juzgado prohíbe al director de “La Tolva” seguir recibiendo a privados de libertad que no pertenecen a maras y pandillas.
De acuerdo a los antecedentes judiciales la población carcelaria en “La Tolva” está sobrepasada, ya que fue construida para albergar a mil 336 específicamente miembros de maras y pandillas, sin embargo, en octubre reciente habían 1,606 reclusos.
De ese total 407 reclusos no pertenecen a grupos criminales y fueron trasladados de otras cárceles como imposición de medidas disciplinarias porque cometieron faltas.
Proteger vidas de reos en Ilama
El Juzgado de Ejecución Penal de Santa Bárbara ordenó por su parte al Instituto Nacional Penitenciario a que tome acciones y medidas inmediatas para respetar y no vulnerar los derechos de los reos que se encuentran en la penitenciaría "El Pozo I".
La orden judicial da 30 días al director del INP, Rony Portillo, para que asigne presupuesto para satisfacer las necesidades de los privados de libertad.
Además, pide el traslado a celdas con condiciones necesarias de reos que se encuentran en condiciones inhumanas y degradantes en los pasillos de algunos módulos del reciento.
De igual manera, ordenan que se repare las cámaras de los módulos de máxima seguridad para asegurar un mejor control y la reparación de la cocina de la cárcel, la limpieza de predios y recolección de basura, bombas de agua y sistema eléctrico.