El Ministerio Público de Honduras presentó el jueves (8.4.2021) un requerimiento fiscal en contra del exdirector de la empresa Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, y el administrador de dicho ente, Alex Moraes, por la compra de siete hospitales móviles adquiridos para la atención de pacientes de covid-19 en marzo de 2020.
Dicho requerimiento, antepone los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y dos delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública contra los hondureños Marco Bográn y Alex Moraes.
En ese sentido, el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, detalló el proceso se debe seguir para que el requerimiento fiscal sea admitido por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Corrupción y se proceda a una audiencia en declaración de imputado a ambos exfuncionarios.
"Lo que le queda al Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Corrupción es la de recibir, para posteriormente admitir, el requerimiento fiscal que se está presentando", comenzó diciendo.
"Una vez que se concluya con este proceso administrativo de la admisión de ese requerimiento fiscal lo siguiente es trasladarlo hacía el juez de letras y ya en ese momento el detalle de la fecha puntual en que se estaría desarrollando la audiencia de declaración de imputado", expuso Silva.
¿Cuándo iniciará la audiencia?
El portavoz indicó además que, una vez que ya se haya interpuesto el requerimiento fiscal ante el juez de letras, lo que procede es realizar la convocatoria de las partes procesales y que estén todos debidamente en el circuito especializado para llevar a cabo la audiencia inicial.
"En la audiencia de declaración lo que puede darse es una posible detención judicial, o que se dicten medidas distintas a una detención judicial", dijo Silva.
Además agregó: "La detención judicial significaría que ellos vayan a un centro penitenciario y que la audiencia inicial se tenga que celebrar en los próximos siete días o un plazo de 14 días".
Cabe señalar que Marco Bográn también es acusados de haber otorgado a la empresa Consultores en Ingeniería SA. (CINSA) -en donde su tío es socio propietario- un contrato por 1.2 millones para la supervisión de la construcción del plantel del hospital móvil para pacientes con coronavirus en Santa Rosa de Copán, Copán, al occidente de Honduras.
Aún cuando Ley de Contratación del Estado, en su artículo 15, dice que no se puede contratar a parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad para la realización de proyectos estatales.
Sin embargo, el exdirector de Invest-H favoreció a la empresa de su tío con el otorgamiento del contrato.
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Caso hospitales móviles
En marzo de 2020 Invest-H, pagó cerca 48 millones de dólares por los siete sanatorios a un consorcio de empresas denominadas Elmed Medical Systems, Hospitalesmoviles.com -representadas por el guatemalteco Axel López- y Vertisa quienes se encargarían de la gestión de compra, construcción y traslado de los hospitales móviles a Honduras.
Sin embargo, investigaciones revelaron que el costo real de los hospitales era de 14 millones de dólares, existiendo una sobrevaloración de 34 millones de dólares, es decir, 833 millones de lempiras.
Pese a ello, Axel López comenzó a exigir un pago de 37.5 millones de lempiras por el traslado de los hospitales desde Turquía, donde fueron elaborados, a Honduras.
Debido a ello, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Axel López por dos delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública a título de cooperador necesario en la compra/venta de los hospitales móviles.
Hasta el momento no existe una orden de extradición en contra del guatemalteco Axel López, y este es el primer señalamiento formal que ha hecho la fiscalía hondureña.
