Un juez del Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán determinó dictar auto de formal procesamiento en contra del exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, por el delito de violación a los deberes de los funcionarios.

El juez se basó en el artículo 499 del nuevo Código Penal que implica la suspensión de sus labores como funcionario público de 3 a 6 años. Además se le aplicó continuar con las medias cautelares que se le habían aplicado anteriormente entre las que se encuentran no poder salir del país, firmar al menos dos veces por mes ante los juzgados de la capital hondureña, no visitar las instalaciones de Invest-H y evitar tener comunicación con los empleados de la institución.

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Bográn es acusado de haber otorgado a la empresa Consultores en Ingeniería SA. (CINSA) -en donde su tío es socio propietario- un contrato por 1.2 millones para la supervisión de la construcción del plantel del hospital móvil para pacientes con coronavirus en Santa Rosa de Copán, Copán, al occidente de Honduras.

Aún cuando Ley de Contratación del Estado, en su artículo 15, dice que no se puede contratar a parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad para la realización de proyectos estatales. Sin embargo, el exdirector de Invest-H favoreció a la empresa de su tío con el otorgamiento del contrato.

El juez determinó, además, llevar a cabo la audiencia preliminar para el 30 de octubre a las 10 de la mañana. Sin embargo, según su abogado Tulio Castro, el exdirector de Invest-H se defenderá en libertad luego que un juez le otorgara medidas sustitutivas diferentes a la prisión por el supuesto delito del que se le acusa.

"Vamos a presentar un recurso de apelación en el tiempo que la ley estipula, lo vamos a hacer porque nosotros estimamos que el juez aplicó al presente caso una ley que no es la que corresponde", argumentó el abogado.

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