La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) ha realizado una investigación sobre el manejo del Congreso Nacional durante el período 2022-2024, bajo la presidencia de Luis Redondo, señalando una serie de prácticas que comprometen la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.
Más allá de la falta de claridad en el uso de L824 millones, el informe titulado "Abuso y Opacidad, el verdadero Congreso del Pueblo" resalta la escasa planificación y la cuestionable aplicación de las modalidades de contratación.
Uno de los aspectos más preocupantes que resalta la ASJ es la inexistencia del plan anual de compras y contrataciones en el año 2022, lo que impidió ejercer un control y monitoreo adecuados sobre las adquisiciones desde un inicio.
Esta deficiencia persistió en 2023 y 2024, años en los que tampoco se respetaron los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ni las normas de la ONCAE, generando así un margen de discrecionalidad alarmante.
Durante 2023 se asignaron L 222.9 millones a subvenciones y L 243.2 millones en sueldos, mientras que en 2024 estas cifras ascendieron a L 314.1 millones y L 227.1 millones, respectivamente.
El informe también denuncia una práctica preocupante: el fraccionamiento de 340 adquisiciones con el fin de eludir procesos de licitación pública, lo que permitió desembolsar L 13,670 millones bajo la figura de “compra menor”.
Entre los gastos reportados figuran L 149,426 en alimentos para eventos, L 82,472 en arreglos florales, y L 35,000 destinados a aretes, bolsos y sombreros tipo charro. Resulta llamativo que el 79% de las compras realizadas por las bancadas pertenecen al partido Libertad y Refundación (Libre).
Existe un proceso para realizar compras menores comenzando por identificar la necesidad, seguido de la solicitud de requerimiento por la unidad ejecutora, luego se verifica el plan anual de compras y contrataciones, considerando la investigación de mercado y luego publicar en HONDUCOMPRAS todo el proceso y por último la solicitud de la cotización, este es el proceso que no se realizó cuando se hicieron las compras que ahora denotan en mal uso de los fondos públicos,
“Desde una perspectiva fenomenológica, el poder que otorga la ley para ejercer estas discrecionalidades facilita, en última instancia, su manipulación y abuso para alcanzar los fines que como clase política se plantean cada cuatro años”, expresó César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción.
Finalmente, la ASJ destaca que solo 21 de un total de 14,083 compras menores fueron registradas en la plataforma HonduCompras, lo que demuestra un incumplimiento sistemático de la normativa en materia de contratación pública.
