La construcción en Honduras vive una de sus peores crisis de los últimos años. Entre enero y junio de 2025, la industria se desplomó un 15 %, un retroceso que expertos y empresarios atribuyen directamente a la deuda pública sin resolver que supera los 4 mil millones de lempiras.
El golpe es tan fuerte que muchas constructoras detuvieron obras, redujeron personal y están en números rojos.
Luis Zelaya, ingeniero civil y conocedor del sector, advierte: “Está en manos del gobierno. En estos momentos tiene una deuda de cerca de cuatro mil millones con las empresas contratistas. Si pagan, se dinamiza la economía”.
La deuda que detuvo la construcción
Lo que para el gobierno puede parecer un trámite financiero, para las constructoras es un punto de quiebre.
El impago que se acumula paraliza la infraestructura escolar, proyectos de vivienda social, mantenimiento vial y obras municipales, entre otros.
“Una vez que decreció la construcción el 15 % en los últimos tres meses, lo que nos queda claro es que todo pasa por las finanzas”, señala Zelaya.
“Necesitamos que nos paguen para que esto se dinamice y el país recupere una fuente de empleos clave”, expresa.
El impacto ya se siente en la calle: son trabajadores que recibieron notificación de paro hasta segundo aviso y las pequeñas empresas subcontratadas, sin flujo, también se paran.
Un pilar económico que tambalea
La construcción no es un sector más: representa uno de los principales motores de empleo y dinamización económica en Honduras.
Por cada proyecto se activan más de 40 actividades económicas directas e indirectas, desde obreros, ingenieros y arquitectos, hasta ferreterías, transportistas, proveedores de cemento, alimentos, seguridad y más.
Su aporte al Producto Interno Bruto (PIB), además, es vital para el desarrollo del país y su estancamiento compromete metas de inversión pública, bienestar urbano y generación de empleo formal.
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Empresas constructoras solicitan el pago
Ante la falta de liquidez, las empresas constructoras exigen una respuesta inmediata del gobierno.
Reclaman un calendario de pagos claro, cumplimiento de contratos y una reactivación de la inversión en infraestructura como vía directa para dinamizar la economía hondureña.
Lo que está en juego no es solo el futuro de las constructoras, sino el de miles de familias que dependen de este rubro y de un país que necesita crecer.
Resolver la deuda pública con este sector no es solo una obligación legal: es una necesidad urgente.
Saldar esa obligación permitirá sostener la economía hondureña y reconstruir la confianza en el Estado como principal motor de desarrollo.
