El regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) representa una nueva oportunidad para mejorar la percepción del país ante los inversionistas extranjeros.
Sin embargo, también plantea un desafío inmediato: ¿qué hará el Estado con las demandas que ya están en curso y cuánto puede ahorrar si logra resolver algunas mediante conciliación?
El Convenio del CIADI entrará en vigor para Honduras el 16 de agosto de 2026, después de que el país completara su proceso de ratificación. Con ello, recuperará oficialmente su condición de Estado miembro de este mecanismo internacional de solución de controversias de inversión.
Pero el regreso no elimina los procesos que Honduras ya enfrenta.
Según el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, actualmente existen 18 demandas contra Honduras ante el CIADI, cuyos montos en la mayoría de los casos oscilan entre 1,600 millones y 2,500 millones de lempiras.
Estas cifras corresponden a las reclamaciones planteadas por los inversionistas y no significan que el Estado necesariamente deba pagar esos montos.
¿Qué pasa con las demandas que ya estaban en curso?
Los procesos que ya habían sido iniciados no desaparecen con el regreso de Honduras al CIADI.
La salida del convenio realizada en 2024 no eliminó automáticamente las controversias que ya estaban sometidas al mecanismo internacional. Esos casos mantienen su propio desarrollo procesal y deberán resolverse conforme a las reglas que les sean aplicables.
Por eso, Honduras enfrenta ahora dos escenarios al mismo tiempo.
Por un lado, busca utilizar nuevamente su pertenencia al CIADI como una señal de seguridad jurídica para atraer nuevas inversiones.
Por otro, debe administrar los conflictos que heredó y evitar que estos representen una carga financiera mayor para el Estado.
La prioridad, según la PGR, es analizar cada proceso y determinar cuáles pueden resolverse mediante acuerdos y cuáles requieren continuar con la defensa jurídica.
¿Cuánto cuestan estos litigios al Estado hondureño?
Una demanda internacional puede generar costos incluso antes de que exista un fallo.
El Estado debe asumir gastos de abogados especializados, peritos, estudios técnicos, traducciones, documentación y otros costos relacionados con la defensa.
Además, existe el riesgo de que un tribunal determine una indemnización si el Estado pierde el caso.
Sin embargo, es importante diferenciar entre el monto reclamado y el monto que eventualmente podría pagar Honduras.
Si una empresa reclama 2,500 millones de lempiras, eso no significa que el Estado tenga que pagar automáticamente esa cantidad. El tribunal puede rechazar la demanda, reducir el monto reclamado o determinar una cantidad diferente.
El problema para las finanzas públicas está en la incertidumbre.
Mientras los procesos permanecen abiertos, Honduras debe administrar posibles obligaciones futuras y continuar destinando recursos a su defensa.
Por eso, los arbitrajes internacionales no son solamente un asunto legal: también representan un riesgo financiero para el Estado.
¿Por qué la conciliación puede reducir los costos?
La conciliación permite que el Estado y el inversionista busquen un acuerdo antes de llegar a una decisión definitiva del tribunal.
Para Honduras, esto puede ser conveniente cuando el análisis del caso muestra que continuar el proceso podría resultar más costoso que alcanzar un acuerdo.
La PGR ha señalado que busca conciliar algunos de los casos precisamente para reducir el impacto económico de estas demandas.
La lógica es comparar tres escenarios:
¿Cuánto costaría continuar litigando?
¿Cuál es el riesgo de que Honduras pierda?
¿Cuánto costaría llegar a un acuerdo?
Si el Estado considera que existe una posibilidad importante de perder y que la eventual indemnización podría ser elevada, una negociación podría permitir cerrar el conflicto por una cantidad menor y evitar años adicionales de gastos legales.
¿Cómo sería posible ahorrar hasta un 50 %?
La PGR ha planteado que mediante la conciliación podría alcanzarse un ahorro de hasta 50 % en algunos casos.
Esto no significa que todas las demandas puedan resolverse pagando la mitad del monto reclamado.
El porcentaje dependerá de las características de cada proceso, de la posición jurídica del Estado, de la cantidad reclamada y de la probabilidad de que el inversionista obtenga una resolución favorable.
Por ejemplo, si un inversionista reclama 2,000 millones de lempiras y Honduras considera que existe un riesgo elevado de perder, podría resultar conveniente negociar un acuerdo por una cantidad menor, especialmente si además se toman en cuenta los años de litigio y los costos de la defensa.
En cambio, si el Estado tiene una posición jurídica sólida y altas probabilidades de ganar, pagar para cerrar el caso podría no representar un ahorro.
Por eso, el 50 % debe entenderse como un potencial de ahorro, no como una cifra garantizada.
La decisión debe tomarse caso por caso y con base en análisis jurídicos y financieros.
¿Negociar significa perder?
No necesariamente.
Conciliar una disputa no equivale automáticamente a reconocer que el Estado actuó mal ni significa que Honduras haya perdido.
En determinados casos, negociar puede ser una decisión financieramente inteligente.
Un arbitraje internacional puede prolongarse durante años y generar nuevos gastos mientras existe incertidumbre sobre el resultado. Incluso cuando el Estado considera que tiene argumentos sólidos, siempre existe un margen de riesgo.
Si una negociación permite cerrar una controversia por un monto significativamente inferior al posible costo de continuar el litigio, el acuerdo puede proteger mejor los recursos públicos.
Pero también existe el escenario contrario.
Si la demanda tiene pocas posibilidades de prosperar, conciliar pagando una cantidad elevada podría ser una mala decisión.
Por eso, la pregunta no debe ser “¿Honduras está cediendo?”, sino “¿qué opción resulta menos costosa y más conveniente para el Estado?”
¿Cómo impactan estos procesos en la inversión, el empleo y las finanzas públicas?
Los arbitrajes pueden tener un impacto directo sobre las finanzas públicas cuando generan gastos de defensa o, eventualmente, indemnizaciones.
Pero también pueden influir indirectamente en la percepción de Honduras como destino de inversión.
Un inversionista extranjero no solamente observa si existe un mecanismo internacional para resolver conflictos. También analiza cuántas controversias existen, por qué se originaron y cómo responde el Estado cuando aparecen.
Una gestión eficiente de los casos puede enviar una señal positiva: Honduras está dispuesto a defender sus intereses, pero también sabe cuándo negociar para evitar costos innecesarios.
En cambio, una acumulación de litigios sin resolver puede aumentar la percepción de riesgo.
Y el riesgo puede influir en las decisiones de inversión.
Si una empresa percibe mayor incertidumbre, puede exigir mayores rendimientos para invertir, limitar el monto de capital que está dispuesta a colocar o elegir otro país.
Por eso, resolver adecuadamente los arbitrajes puede contribuir no solamente a proteger las finanzas públicas, sino también a mejorar las condiciones para atraer inversión y generar empleo.
El reto después del regreso al CIADI
El regreso de Honduras al CIADI puede fortalecer la seguridad jurídica y mejorar la percepción internacional, pero esa señal tendrá que acompañarse de resultados.
Con 18 demandas pendientes, el Estado tiene una tarea inmediata: analizar cada caso, determinar cuáles tienen posibilidades reales de conciliación y establecer cuándo resulta más conveniente negociar y cuándo defenderse hasta el final.
La conciliación puede ser una herramienta para reducir costos, pero debe utilizarse con criterios técnicos y financieros.
El objetivo no debería ser simplemente cerrar demandas.
Debería ser proteger el dinero de los hondureños, reducir riesgos y evitar que nuevos conflictos lleguen a convertirse en millonarias controversias internacionales.
Al final, la confianza que Honduras busca recuperar no se demostrará únicamente con su regreso al CIADI.
Se demostrará cuando los inversionistas encuentren reglas claras, contratos respetados y un Estado capaz de resolver sus diferencias de manera eficiente.
Y, sobre todo, cuando esa mayor seguridad jurídica se traduzca en algo concreto: más inversión, más empleo y menos recursos públicos comprometidos en litigios.
