Honduras se encuentra en una encrucijada, donde la estabilidad de su sistema eléctrico pende de un hilo, mientras el Congreso Nacional mantiene en suspenso las reformas necesarias diversos sectores reportan pérdidas millonarias a causa de los constantes apagones y el hurto de energía.

No obstante este fin de semana se conoció que se ha convocado a sesión ordinaria para el martes 30 de junio a las 4:00 de la tarde. Se espera que uno de los temas en agenda sea el tercer debate de la reforma energética.

Representantes de organizaciones de la sociedad civil, de las Micros y pequeñas empresas, así como diputados oficialistas expresaron en el programa El Reportaje de la Semana, de HRN, la necesidad de agilizar la reforma energética para salvar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

De acuerdo a informes técnicos la estatal enfrenta una hemorragia financiera que supera los 50 millones de lempiras diarios debido a ineficiencias técnicas y hurtos.

Esta situación ha colocado al país bajo una presión constante de organismos internacionales, que observan con alarma cómo el déficit acumulado ya alcanza la astronómica cifra de 120,000 millones de lempiras.

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La ENEE enfrenta pérdidas millonarias diarias debido a fallas técnicas y robos de energía. Foto: Cortesía

Sociedad civil y Mipymes: urgen reformas para bajar pérdidas

Edgar Aguilar, experto en energía de la Asociación para una Sociedad más Justa, subrayó la gravedad de la inacción al afirmar que solo ocho días de retraso en las reformas equivalen a perder 40 escuelas.

Efraín Rodríguez, representante de las MIPYME, denunció que los constantes apagones provocan pérdidas diarias de hasta 10 millones de lempiras en el sector productivo.

La diputada nacionalista Tania Pinto, en una entrevista para Noticieros Hoy Mismo, aseguró que el proceso se está trabajando en consenso entre las distintas fuerzas políticas. "Consensos, eso es lo que estamos trabajando, porque es necesaria esta reforma a la Ley de Energía para poder intervenir la ENEE", afirmó.La legisladora también describió la gravedad de la situación en distintas zonas del país. "Usted no tiene idea lo molesto y lo que se sufre en este sector de occidente… el comercio sufre, las familias sufren", expresó, al referirse a los constantes apagones.En ese sentido, insistió en que la intervención debe ser transparente y con cambios reales. "Tenemos que tomar cartas en el asunto… con verdaderos cambios para que esta crisis energética pueda dársele una solución", añadió.

Melquisedec Peralta, de la Cámara de Comercio de Tocoa, urgió a liberar el mercado para que los productores locales generen energía mediante biomasa.

La incertidumbre y los apagones están obligando a cerrar negocios, se expuso en el informe, mientras empresarios advierten que el impacto también se extiende al empleo y la producción nacional.

Uno de los grandes temores es que los bienes pasen a manos privadas. Sin embargo, el diputado oficialista Marco Midence aseguró que en el proyecto de ley en discusión no se contempla la privatización: "La empresa se mantiene pública, bajo control estatal".

Parte esencial de la reforma es la división de la empresa en tres partes: generación, transmisión y distribución. El legislador Milton Puerto explicó que estas serán unidades independientes, lo que permitirá sanear las cuentas y fomentar finalmente la inversión necesaria.

¿Reformas energéticas lograrán estabilidad en el suministro de energía?

La crisis energética va más allá de las cifras y afecta directamente al desarrollo y al sector productivo del país.

Mientras el Congreso está en receso, la micro y pequeña empresa enfrenta cierres y fuertes pérdidas que ponen en riesgo el empleo. Ante este panorama, se impulsa un paquete de reformas para reorganizar la estatal eléctrica y evitar un posible colapso económico.

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El Congreso Nacional mantiene en pausa la discusión de reformas al sector energético. Foto: Cortesía

El debate político se centra en si las reformas energéticas lograrán garantizar un suministro estable y tarifas competitivas, o si se trata de una privatización encubierta.

Mientras el gobierno asegura que el Estado mantendrá la propiedad total, la opinión pública sigue dividida. En medio de la incertidumbre, se considera urgente un cambio de rumbo para evitar un retroceso en la capacidad energética del país.

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