La cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños en Estados Unidos tendrá un impacto que irá más allá del retorno de miles de compatriotas: también pondrá presión sobre las remesas que reciben sus familias en Honduras.
Según datos oficiales, al menos 55,000 hondureños aún gozaban del TPS cuando Estados Unidos anunció el 8 de julio de 2025 la terminación del beneficio, con efecto a partir del 8 de septiembre de ese año.
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La medida enfrentó recursos y disputas en tribunales federales, pero el sábado pasado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el fin del beneficio para Honduras, Nicaragua, y otros países.
Menos remesas, más presión en los hogares
Jorge Enríquez, investigador financiero del Foro Social de Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), dijo en Noticieros Hoy Mismo de TSi que las familias que dependen de las remesas serán las primeras en sentir el impacto.
Enríquez estimó en 310 millones de dólares las remesas asociadas a los hondureños beneficiarios del TPS. "Muchas familias que se sostienen básicamente por las remesas van a empezar a sentir esa presión en los bolsillos", advirtió.
Una estimación similar hizo César Ramos, integrante de la coordinación de incidencias de la Comisión de Acción Social Menonita, quien calculó en alrededor de 300 millones de dólares anuales las remesas que generan los hondureños amparados por el TPS.
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Ramos advirtió que la cancelación del beneficio también tendrá consecuencias en la integración de las familias, debido a la separación que podría producir el retorno de quienes pierdan su protección migratoria.
"Esto significa un impacto fuerte en la integración de estas familias", señaló, al alertar sobre daños emocionales, psicológicos y humanos que pueden ser difíciles de reparar.
Advierten desafíos ante el retorno de hondureños
El representante de la Comisión de Acción Social Menonita también cuestionó las condiciones que encontrará esta población al regresar a Honduras.
Señaló que el país no atraviesa el mejor escenario para garantizar un retorno seguro y digno, por lo que consideró necesario actuar de inmediato con medidas de corto, mediano y largo plazo.
Según las cifras que citó del Instituto Nacional de Migración (INM), más de 45,000 hondureños habían sido deportados entre enero y el 12 de agosto, sin incluir a quienes regresaron por cuenta propia. A esta cifra se suman, de acuerdo con Ramos, más de 24,000 autodeportados.
Ante este escenario, la Comisión de Acción Social Menonita prevé que los flujos de retorno podrían aumentar durante los próximos meses y en 2027, lo que supondría un desafío adicional para Honduras y para las familias que podrían dejar de recibir parte de los ingresos provenientes de Estados Unidos.
Gobierno prepara condiciones para el retorno
El embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, pidió dimensionar el impacto de la cancelación del TPS y señaló que de los aproximadamente 1.5 millones de hondureños que viven en Estados Unidos, unos 52,000 están amparados bajo este beneficio, lo que representa cerca del 4% de esa población.
No obstante, aclaró que cada caso tiene importancia y que la medida tendrá un impacto humano que no debe minimizarse.
Flores Bermúdez afirmó que, tras el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la embajada busca orientar a los hondureños sobre las opciones y pasos que pueden seguir ante el fin del TPS.
El diplomático señaló que el Gobierno de Nasry Asfura se prepara para recibir a los hondureños que regresen y destacó medidas aprobadas para facilitar su reinserción.
Entre ellas mencionó una ley que permite a los retornados ingresar sus enseres, vehículos de trabajo y maquinaria, con el objetivo de que puedan establecer nuevamente operaciones productivas o de servicios en Honduras.
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