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El Gobierno de Honduras en Consejo de Ministros aprobó el decreto ejecutivo PCM 38-2025, mediante el cual instruye a la Secretaría de Finanzas (Sefin) a reintegrar a la Cuenta Única de la Tesorería (CUT) todos los saldos no utilizados que mantienen diversas instituciones públicas que conforman el Sector Público No Financiero (SPNF), con el objetivo de cubrir obligaciones financieras urgentes del Estado al cierre del ejercicio fiscal 2025.
El decreto fue publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 16 de diciembre y autoriza a la Sefin a realizar el reintegro de recursos depositados en cuentas bancarias, subcuentas y libretas de entidades del Sector Público No Financiero, siempre que estos fondos no se encuentren comprometidos en obligaciones legales, contractuales o ya devengadas.
Con esta medida, el Ejecutivo busca centralizar la liquidez bajo control del Gobierno central para atender pagos prioritarios.
En su artículo 1, el decreto ordena a la Secretaría de Finanzas que, de oficio, realice todas las gestiones administrativas, financieras y contables necesarias para que las instituciones del Sector Público No Financiero que administran recursos del Tesoro Nacional devuelvan y reintegren a la CUT los recursos financieros no utilizados correspondientes a ejercicios fiscales anteriores.
Esta acción se fundamenta en las facultades otorgadas por la Ley Orgánica del Presupuesto y las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes.
Además, amplía el alcance de la medida al instruir a todas las instituciones que manejan recursos del Tesoro Nacional a reintegrar también los fondos recibidos durante el presente ejercicio fiscal 2025 que no estén comprometidos mediante obligaciones devengadas ni sujetos a restricciones legales, contractuales o convencionales. El reintegro deberá realizarse conforme a los procedimientos, lineamientos y plazos que establezca la Sefin.
Destino de los recursos
El decreto también establece el destino prioritario de los recursos reintegrados a la Cuenta Única de la Tesorería. Estos fondos serán utilizados principalmente para cubrir obligaciones contraídas por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la Secretaría de Salud (Sesal) y otras instituciones del Sector Público No Financiero.
De manera específica, se priorizarán rubros como la construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial estratégica; la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de hospitales y centros de salud; así como la compra de medicamentos e insumos médicos esenciales para la red hospitalaria nacional.
En su artículo 4, define qué se entiende por “recursos financieros no utilizados”. Según el decreto, se trata de saldos de caja en cuentas bancarias abiertas en el Banco Central de Honduras (BCH), en la banca nacional o en subcuentas y libretas de la CUT, financiadas con recursos del Tesoro Nacional o con recursos propios de las instituciones públicas.
Estos fondos deben cumplir ciertos criterios: no estar registrados como obligaciones devengadas, no corresponder a anticipos formalmente pactados, no estar amparados por disposiciones legales o convenios que establezcan un destino específico y no formar parte de compromisos programados cuya ejecución esté justificada en el calendario de caja aprobado por la Tesorería General de la República.
La Secretaría de Finanzas será la encargada de precisar criterios operativos adicionales para identificar estos recursos.
El decreto introduce obligaciones de transparencia. Las instituciones públicas ejecutoras de los recursos reintegrados deberán poner a disposición de la ciudadanía, a través de sus unidades de transparencia institucional, el detalle de los montos reintegrados a la CUT, las modificaciones presupuestarias aprobadas en el marco del decreto y el avance físico y financiero de los proyectos priorizados que se financien con estos recursos.
Finalmente, señala que el incumplimiento de estas disposiciones podrá dar lugar a responsabilidades administrativas, civiles y penales. Además, se instruye a todas las instituciones públicas a brindar a la Sefin la información y colaboración necesarias para el cumplimiento efectivo del decreto.
Expertos opinan
La medida ha generado reacciones encontradas entre especialistas en economía y finanzas públicas. La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, señaló a un medio de comunicación local que este decreto refleja al menos dos problemas estructurales.
“Este fue un decreto del 16 de diciembre donde se instruye a las instituciones la devolución de recursos no comprometidos ni devengados. Esto refleja, en primer lugar, un cierre apresurado y una falta de liquidez para ejecutar el cierre fiscal 2025”, expresó.
Canales recordó que el Gobierno no logró aprobar más de 8,000 millones de lempiras en financiamiento que estaban previstos, lo que obligó a priorizar otros compromisos.
“Aquí se pone en riesgo dejar sin fondos a instituciones, programas y proyectos que estaban pendientes de ejecutar. Por otra parte, esto refleja una debilidad en la planificación presupuestaria, al no ejecutar en los tiempos previstos estos recursos”, explicó.
La economista advirtió que el objetivo inmediato del decreto parece ser generar espacio fiscal para atender compromisos ya adquiridos y evitar que la deuda flotante siga creciendo. Según estimaciones, esta deuda oscilaría entre 30,000 y 35,000 millones de lempiras.
No obstante, alertó que este tipo de medidas también puede tener efectos negativos. “Esto es el reflejo del comportamiento que ha tenido este gobierno en la debilidad de la gestión presupuestaria y en la ejecución de programas e iniciativas, en detrimento de la calidad de los bienes y servicios que recibe la población”, afirmó.
Canales agregó que la decisión podría enviar una señal de alerta a los mercados y organismos internacionales. “Puede ocasionar una percepción de falta de liquidez para asumir compromisos financieros y poner en riesgo el incremento del riesgo país.
De cara al próximo año, cuando se necesitarán recursos externos, los organismos multilaterales pueden interpretar esto como un mensaje de debilidad en la gestión de los recursos públicos durante 2025”, advirtió.
Por su parte, el economista Roberto Lagos coincidió en que la medida apunta a resolver presiones financieras inmediatas.
En una publicación en su cuenta de X, Lagos expresó que, tras analizar el contenido del decreto, le da la impresión de que “es para poder pagar cuentas por pagar; es decir, están tratando de recolectar los recursos disponibles y cumplir compromisos pendientes para reducir la deuda flotante”.