La nueva Ley de Justicia Energética abre oportunidades para la inversión y reorganiza el sector eléctrico hondureño, pero deja pendientes problemas financieros e institucionales, según el análisis de Sendas Think Tank.
La normativa, vigente desde el 29 de septiembre de 2026, permite la comercialización de energía, impulsa licitaciones abiertas a distintas tecnologías y reconoce el almacenamiento como actividad independiente.
"La nueva ley representa un avance en la organización del sector y la apertura a la competencia, pero deja sin resolver dos problemas centrales: la interferencia política y la sostenibilidad financiera de la ENEE", señala Sendas.
¿Qué cambia para la ENEE y la inversión?
La legislación establece la separación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en generación, transmisión y distribución. Según Sendas, esto podría transparentar costos y pérdidas, aunque la ENEE Matriz conservará activos y atribuciones sobre las subsidiarias.
La organización cuestiona que los contratos cuyos efectos alcancen al siguiente gobierno necesiten aprobación del Congreso. Considera que esa intervención podría retrasar inversiones, encarecer financiamiento y generar incertidumbre.
¿Cuánto podría costar el congelamiento tarifario?
Sendas advierte que congelar la tarifa eléctrica durante seis meses, con posibilidad de prórroga, aumentaría la presión financiera sobre la estatal.
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) ya había diferido ajustes por 124 millones de dólares, que los usuarios pagarían posteriormente con intereses.
Bajo las condiciones actuales, el congelamiento agregaría 213 millones de dólares, elevando el monto acumulado a 337 millones. Si aumentan los combustibles y la generación térmica, la cifra podría alcanzar 472 millones de dólares.
Sendas señala que la ley no precisa quién financiará el congelamiento, lo que podría provocar más deuda o reducir recursos para combustible, mantenimiento e inversión.
Pérdidas eléctricas y plazos pendientes
El centro de pensamiento estima que durante 2025 el 38 % de la energía generada no se facturó, equivalente a más de 500 millones de dólares.
Aunque la nueva ley fortalece la identificación de responsables de medidores y promueve la medición inteligente, Sendas insiste en rehabilitar redes, regularizar conexiones y mejorar la facturación.
La reforma también fija plazos: la primera licitación de capacidad y energía debe comenzar antes del 29 de marzo de 2027 y concluir en septiembre. Sin embargo, un proyecto de generación puede tardar entre tres y cinco años en operar.
Según Sendas, hacia 2029 Honduras necesitará incorporar potencia firme equivalente a casi el 60 % de la actual.
La organización considera prioritario garantizar el suministro en 2027, fortalecer la independencia regulatoria y recuperar las finanzas de la ENEE.
"Sin finanzas sanas no hay inversión, sin inversión no hay suministro seguro y sin reducir pérdidas las finanzas no se recuperan", concluye.
VEA: Sendas: La solución energética no está en reformas, sino en instituciones fuertes
