El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) informó que, durante la reunión sostenida con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visita Honduras, los representantes del organismo internacional aclararon que el proyecto de Ley de Justicia Tributaria no forma parte de las metas estructurales del acuerdo Stand By que mantiene el país con el Fondo.
El sector privado destacó que esta precisión es de suma importancia, dado el debate generado en torno a la iniciativa.
Según el Cohep, el FMI explicó que para que Honduras pueda pasar la revisión que realizará el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en octubre de 2026 se requiere reformas a la Ley del Delito de Lavado de Activos y la Ley Contra el Financiamiento al Terrorismo.
Así como a la Ley Para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), y la creación de un registro de beneficiario final para fines financieros.
FMI no retiró apoyo a la Ley de Justicia Tributaria
En contraste, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, explicó el pasado 18 de septiembre en TN5 Estelar que la posición del FMI no debe interpretarse como un retiro del respaldo a la propuesta del Ejecutivo.
Recordó que cuando el paquete de reformas llegó al Legislativo incluía cuatro proyectos: la Ley de Justicia Tributaria, la Ley de Beneficiario Final, la adhesión de Honduras al MAAC (Convenio Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal) y reformas constitucionales.
Pino señaló que el presidente del Congreso, Luis Redondo, decidió fusionar tres de esos proyectos en uno solo, lo que complicó su discusión y aprobación. Ante esta situación, el FMI recomendó separar nuevamente las iniciativas, tal como fueron enviadas originalmente, para evitar retrasos en la evaluación internacional que enfrentará Honduras en 2026.
"El Fondo Monetario en la última reunión opinó que, dado los problemas de aprobación que tenía la Ley de Justicia Tributaria, se separaran esos proyectos como inicialmente los había mandado el Ejecutivo, de tal forma que Honduras no sufra retrasos en la evaluación", explicó.
El parlamentario subrayó que el FMI mantiene su respaldo al diagnóstico sobre la necesidad de revisar las exoneraciones fiscales en el país, calificadas como "exageradas", y continúa considerando acertada la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo.
Mientras el Cohep destaca que la Ley de Justicia Tributaria no está contemplada como meta estructural en el acuerdo Stand By, desde el Congreso se aclara que el FMI sigue apoyando la iniciativa, pero recomienda separar los proyectos para garantizar avances en el cumplimiento de compromisos internacionales.
La organización empresarial pidió que cualquier reforma legal de impacto nacional sea presentada en un solo documento para su discusión en el Congreso Nacional, y recalcó que el sector privado no se opone a cumplir con los estándares internacionales, siempre que no se utilicen como medidas de presión política contra la empresa privada y la ciudadanía.
¿Qué es un acuerdo Standby?
Cuando se habla de un acuerdo stand-by en el ámbito del Fondo Monetario Internacional (FMI), se hace referencia a un instrumento financiero diseñado para brindar un respaldo económico a las naciones que enfrentan problemas en su balanza de pagos.
Este tipo de acuerdo no es un desembolso inmediato de dinero, sino más bien una línea de crédito precautoria que un país puede activar en caso de que su situación económica se deteriore de forma inesperada. En otras palabras, es una red de seguridad que garantiza el acceso a divisas si la crisis se profundiza.
El valor de este acuerdo no reside solo en la liquidez que ofrece, sino en las condiciones políticas y económicas que el país solicitante se compromete a cumplir. Para recibir este respaldo, el gobierno debe firmar una "carta de intención" en la que detalla las reformas y medidas de ajuste que implementará para corregir sus desequilibrios.
Estas políticas, que a menudo incluyen la reducción del gasto público, el control de la inflación o la reforma fiscal, son supervisadas de cerca por el FMI. Por lo tanto, el acuerdo stand-by actúa como un compromiso para el cambio, donde el acceso al financiamiento está directamente ligado a la disciplina y la estabilidad macroeconómica.
