La propuesta de reforma a la Ley de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) continúa generando un intenso debate político y técnico en Honduras.
Durante el programa 30|30, representantes del Partido Nacional, Partido Liberal, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y un experto de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) expusieron sus posiciones sobre el futuro de la estatal, abordando temas como los subsidios, la posible privatización, la deuda, la gobernanza y las millonarias pérdidas que enfrenta la empresa.
Aunque todos los participantes coincidieron en que la ENEE necesita una transformación profunda para superar su crisis financiera, las diferencias surgieron en torno al modelo de administración que plantea el proyecto de ley y las garantías para evitar que la empresa pierda el control de sus activos o afecte a los usuarios más vulnerables.
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Partido Nacional asegura que los subsidios no desaparecerán
Una de las principales preocupaciones expresadas durante el debate fue el futuro del subsidio a la energía eléctrica.
La diputada del Partido Nacional, Tania Pinto, rechazó que las reformas contemplen eliminar este beneficio y explicó que el cambio consiste en focalizar la ayuda hacia quienes realmente la necesitan.
Según la congresista, anteriormente existían alrededor de 900 mil usuarios subsidiados, muchos de ellos pertenecientes a sectores con alto poder adquisitivo o propietarios de viviendas de recreo que también recibían el beneficio.
Pinto sostuvo que el nuevo esquema reduce el universo de beneficiarios a aproximadamente 350 mil usuarios, priorizando a familias en condición de vulnerabilidad.
Además, indicó que otro de los cambios propuestos es que el subsidio deje de ser absorbido por la propia ENEE y pase a ser financiado directamente por el Gobierno Central.
"Lo que se pretende es que el Gobierno se haga cargo de esos subsidios; es totalmente contrario a decir que se están eliminando", afirmó.
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Proyecto establece candados contra una eventual privatización
Otro de los puntos discutidos fue la preocupación de diversos sectores sobre una posible privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Durante el programa, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, aseguró que el dictamen incorpora varios mecanismos legales para impedir que los bienes del Estado sean vendidos.
Explicó que el proyecto establece que los activos y acciones de las empresas subsidiarias creadas a partir de la ENEE serán intransferibles, inalienables y no podrán utilizarse como garantía para obtener financiamiento.
Asimismo, recordó que cualquier eventual transferencia de acciones requeriría autorización del Congreso Nacional.
Corrales también destacó que los predios, embalses, centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión y demás bienes estratégicos continúan siendo considerados patrimonio público y de seguridad nacional.
La apuesta es sacar la ENEE de la influencia política
El presidente de la CREE sostuvo que uno de los principales objetivos de la reforma consiste en modificar el modelo de gobernanza de la estatal.
Según explicó, la intención no es retirar el control del Estado sobre la empresa, sino evitar que las decisiones administrativas continúen sujetas a intereses políticos.
A juicio de Corrales, la estructura propuesta permitiría crear juntas directivas con mayor independencia técnica, fortaleciendo la gestión empresarial y preparando a la ENEE para competir en un mercado eléctrico más abierto.
También defendió que los grandes consumidores puedan negociar directamente con generadores privados bajo determinadas condiciones, siempre garantizando que la ENEE continúe siendo remunerada por el uso de sus activos de transmisión.
Partido Liberal mantiene reservas sobre la reforma
Desde la bancada liberal, el diputado Carlos Umaña dejó claro que su partido reconoce la necesidad de transformar la ENEE, pero considera que la iniciativa aún presenta vacíos importantes.
"No nos van a impresionar con esos números", expresó el congresista al referirse a las pérdidas económicas de la estatal.
Umaña aseguró que las preocupaciones de su bancada no se centran en la necesidad de reformar la empresa, sino en varios aspectos específicos del proyecto.
Entre ellos mencionó la conversión de la ENEE en sociedades anónimas, advirtiendo que el texto no deja completamente definido quién tendrá el control efectivo de dichas sociedades.
También cuestionó que aún no exista una revalorización oficial de los activos de la empresa, elemento que considera indispensable para determinar el patrimonio real de las futuras subsidiarias.
Otra de las inquietudes planteadas corresponde al manejo de la deuda acumulada por la estatal y la forma en que será distribuida una vez que entre en vigencia el nuevo modelo empresarial.
El legislador también expresó dudas sobre la permanencia de los subsidios focalizados y advirtió que la ley podría permitir que grandes consumidores negocien directamente con empresas privadas, dejando a la ENEE fuera de parte del negocio eléctrico.
ASJ: Honduras pierde 544 lempiras cada segundo
Durante el debate también participó el experto en energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Edgar Aguilar, quien expuso el impacto económico que generan las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
El especialista señaló que la estatal pierde aproximadamente 544 lempiras cada segundo, una cifra que, aseguró, refleja la gravedad de la situación financiera.
Explicó que solamente durante el presente año las pérdidas rondan los 15 mil millones de lempiras, recursos que, según sus cálculos, habrían permitido construir alrededor de nueve hospitales regionales o más de 100 escuelas.
Aguilar insistió en que el deterioro financiero de la ENEE representa uno de los principales problemas económicos del país y reiteró la necesidad de impulsar reformas estructurales.
Consenso sobre la necesidad de reformar la ENEE
Pese a las diferencias sobre el contenido del proyecto, los participantes coincidieron en que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica enfrenta una crisis financiera y administrativa que requiere medidas urgentes.
Mientras el Partido Nacional sostiene que el dictamen ya incorporó la mayoría de las observaciones planteadas durante el proceso de socialización, el Partido Liberal insiste en que aún deben realizarse modificaciones para brindar mayor certeza jurídica y proteger los intereses del Estado y de los usuarios.
El debate continuará en el Congreso Nacional, donde las distintas bancadas deberán definir el futuro de una de las reformas más importantes para el sistema energético hondureño.
