Honduras plantea varios operadores eléctricos como parte de la solución para resolver su problema en el tema de la generación de electricidad: más inversión, diversificación energética y competencia en el mercado regional. Ese es el mismo enfoque que le ha dado Costa Rica.
Mientras el Congreso Nacional de Honduras discute un proyecto de ley para abrir el mercado eléctrico en generación, distribución, transmisión y comercialización, Costa Rica ofrece un caso de estudio con más de tres décadas de evolución.
Francisco Angulo, investigador de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y consultor experto del Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores en temas de agua, energía, saneamiento y telecomunicaciones, conversó con tunota.com sobre qué tan viable es replicar el modelo tico en el contexto hondureño.
Similitudes y diferencias entre ambos mercados
El sistema costarricense funciona bajo un esquema híbrido: ocho empresas, públicas, municipales, cooperativas y privadas, generan, distribuyen y comercializan energía bajo la rectoría del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que mantiene el control exclusivo de la transmisión y de la comercialización en el Mercado Eléctrico Regional (MER).
A esto se suma la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, subsidiaria del ICE, y empresas privadas que generan bajo la Ley 7200 y le venden energía al Instituto a precio regulado.
Honduras, en cambio, parte de un modelo centralizado en una sola entidad estatal, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que concentra generación, distribución y transmisión. Angulo destaca que esa diferencia estructural es el punto de partida más relevante: mientras Costa Rica avanzó desde un mercado privado hacia uno regulado con múltiples operadores, Honduras contempla el camino inverso, abriendo un sistema históricamente concentrado.
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El experto subraya, además, que las condiciones de partida, deuda, institucionalidad y matriz energética, son "demasiado distintas" entre ambos países como para hablar de una réplica directa.
Costa Rica basa su modelo en la apertura de la generación de energía; en contraposición, Honduras, según el análisis de Angulo, es "mucho más grande, mucho más ambicioso", pues plantea la apertura simultánea en los cuatro segmentos del mercado.
“En Costa Rica tenemos una coexistencia de empresas privadas y también tenemos la participación de cooperativas, que a fin de cuentas son empresas privadas, pero con regulación”, explicó.
Tarifas: "El principio de servicio al costo"
Uno de los pilares que sostiene el modelo costarricense, según explica Angulo, es que la tarifa eléctrica se calcula bajo el principio de "servicio al costo": a cada empresa generadora se le reconoce únicamente el costo de producción, el costo de mantenimiento y un rédito de inversión, nunca una ganancia comercial libre.
Esto significa que ni el ICE ni las empresas privadas que le venden energía pueden fijar precios según lo que el mercado esté dispuesto a pagar, sino según lo que realmente cuesta generar y distribuir esa energía.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) es la encargada de fijar esas tarifas, tanto para el sector residencial como para el industrial, comercial y preferencial.
Angulo advierte que este esquema es distinto de un mercado comercial abierto, y que Costa Rica está justamente en transición hacia ese segundo modelo con el proyecto de apertura en generación que se discute en su Asamblea Legislativa.
Según explica, una reforma que abre el mercado no necesariamente baja las tarifas de forma generalizada: en el caso costarricense, el sector residencial probablemente no vería reducciones porque queda fuera de los mecanismos de subasta de energía, mientras que los grandes consumidores industriales sí podrían negociar mejores precios al convertirse en agentes de mercado.
Para Honduras, el experto considera clave observar cómo se traslada este principio a la nueva ley. Si el mercado hondureño pasa de un esquema de servicio público a uno con mayor componente comercial, será determinante definir con claridad qué le será reconocido a los operadores en la tarifa y qué no, para evitar que la apertura derive en alzas desordenadas sin beneficio real para el usuario final.
Angulo insiste en que ese equilibrio solo se sostiene si la autoridad reguladora actúa con criterio técnico, no político, tal como ha ocurrido en Costa Rica pese a que su regulador es nombrado por el Consejo de Gobierno.
Ventajas de la apertura para el desarrollo regional
Pese a las diferencias, Angulo identifica una ventaja clara para Honduras: su potencial de generación. A su juicio, el país podría ser "el más rico de la región" en recursos solares, eólicos e hídricos, pero requiere inversión ordenada y administración eficiente para aprovecharlo.
El experto cita el caso de Panamá como referencia regional: en menos de una década, ese país duplicó su capacidad de generación y pasó de tener una empresa local con pérdidas a convertirse en vendedor activo dentro del Mercado Eléctrico Regional. Honduras, actualmente comprador de energía panameña y guatemalteca, tiene según Angulo la capacidad de invertir ese rol y convertirse en generador y exportador si orienta bien la reforma.
La apertura, explica, permite agilizar la inversión y trasladar el riesgo de pérdidas o daños a inversionistas privados, algo que una empresa estatal con limitaciones financieras, como ocurre actualmente con la ENEE, difícilmente puede asumir en el corto plazo.
Oportunidades que representa la reforma
Angulo enmarca la reforma como una oportunidad para atacar dos de los principales problemas del sistema hondureño: las pérdidas técnicas y la recaudación. Según explica, ambas responden directamente a la inversión, y la inversión depende de las tarifas que efectivamente se cobran. Sin un cobro eficiente, advierte, no hay dinero para modernizar redes ni reducir pérdidas.
El experto también señala que la reforma no implica ceder el control total del sistema al sector privado. Según su lectura del proyecto de ley hondureño, el Estado mantendría el control de la comercialización y crearía órganos de vigilancia técnica y financiera, con participación de universidades públicas y colegios de ingenieros, similar al modelo costarricense.
Angulo aclara además una idea que genera temor en la opinión pública: la apertura no equivale a privatización total. "No podemos decir que privatizar es malo, es una alternativa", planteada, especialmente cuando una empresa pública no tiene capacidad financiera para resolver sus propios problemas sin recursos externo.
Recomendaciones del experto
Consultado sobre los puntos clave para garantizar un suministro eficiente bajo la nueva ley, Angulo propone tres prioridades:
- Autonomía del operador del sistema y del mercado. Considera que definir con claridad las funciones de este organismo, separado del operador estatal, como se discute también en Costa Rica con la figura del ECOSEN, es determinante para que el mercado funcione en igualdad de condiciones.
- Inversión orientada a la demanda real. Angulo insiste en que la inversión debe responder a necesidades concretas de generación y distribución, atacando directamente el problema de pérdidas y de compra excesiva de energía.
- Criterio técnico por encima del político. Para el experto, el mayor riesgo para cualquier reforma eléctrica es que la energía se convierta en "botín político". Recomienda que ingenieros y profesionales técnicos —no decisiones políticas— guíen la operación del sistema, tal como ocurre con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y el ICE en Costa Rica.
Angulo cierra con una advertencia: ninguna reforma legislativa garantiza por sí sola un buen suministro. El resultado, dice, dependerá de qué tan bien se ejecute la separación de funciones, la disciplina financiera y la protección del criterio técnico frente a presiones políticas.
