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El 28 de abril de 2022, Honduras enterró su polémica Ley de Empleo por Hora con la publicación del Decreto Legislativo No. 38-2022 en La Gaceta.
La derogación se convirtió en símbolo de un Estado que no tiene aún una salida viable al desempleo.
Desde entonces, decenas de miles de hondureños perdieron oportunidades laborales sin que el Congreso ni el Ejecutivo propongan un modelo alternativo que responda a la realidad del país ni a las demandas del mercado.
Cuando el abuso se volvió costumbre
Para el economista Ismael Zepeda, el gran pecado de la Ley de Empleo por Hora no fue su letra, sino su ejecución.
"Se recontrataba gente sin reservas laborales, sin derechos, sin ningún tipo de seguimiento institucional", señala.
Y aunque algunas empresas respetaron lo establecido, muchas se aprovecharon de la falta de fiscalización. “Se convirtió en una espada de doble filo”, resume.
Zepeda señala que el Estado hondureño careció históricamente de la capacidad de monitorear y sancionar, y eso convirtió una ley que pudo ser funcional en una herramienta de precarización.
“No hay institucionalidad que dé seguimiento. No hay sanción. Y si no hay control, todo termina distorsionándose”.
Las cifras
Uno de los aspectos más reveladores es cómo las cifras empresariales sobre el impacto de la derogación descendieron.
Según Zepeda, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) denunció la pérdida de unos 42,500 empleos.
Esa reducción numérica, sin embargo, no borra el impacto real. Lo que hubo, dice Zepeda, fue un “reordenamiento”.
Una especie de sacudida que dejó al descubierto el caos laboral de un país que nunca actualizó su Código del Trabajo de 1960 ni creó mecanismos modernos para los nuevos retos del mercado.
Una ley sin alternativa ni visión de futuro
La economista Yeny Antúnez, oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), lamenta que la pérdida de este instrumento de contratación.
Derogación de una ley que golpeó especialmente al sector turístico. “Se perdieron al menos 40 mil empleos, y sin una alternativa legal, se dejaron de generar oportunidades reales”, explica.
Para muchos jóvenes, esta ley aunque imperfecta representó una forma de ingreso, de formación profesional y de estudio.
Obed García, también economista, coincide en que el desempleo creció desde la derogación.
“Muchas empresas cerraron, y las familias perdieron ingresos y acceso a la seguridad social”, afirma.
A su juicio, retomar una figura legal que permita la contratación temporal es indispensable, sobre todo ante el repunte de la pobreza y la migración forzada.
Un Congreso sin voluntad política ni enfoque técnico
A pesar de que el Partido Liberal, a través del diputado Marlon Lara, promueve una nueva iniciativa de Ley de Empleo Temporal con dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia, la propuesta sigue congelada.
“No hay voluntad para agendarla. El oficialismo se opone a esta iniciativa”, denuncia Lara.
El diputado destaca que sectores con alta demanda estacional, como el turismo en Semana Santa, se beneficiarían enormemente de una ley que permita contrataciones temporales.
Sin embargo, lamenta que el Congreso actúe más por ideología que por evidencia y retrase la discusión.
Zepeda refuerza ese punto: “El Congreso no toma decisiones basadas en datos ni estudios técnicos”.
Una mirada hacia el futuro
Los economistas coinciden en algo esencial: sin un Estado fuerte, sin institucionalidad, y sin marcos legales modernos, Honduras está condenada a repetir sus errores.
“Seguimos con un Código del Trabajo de hace más de 60 años, en un mundo que ya habla de la Quinta Revolución Industrial y de empleos vinculados a la inteligencia artificial”, alerta Zepeda.
¿Qué pasará si una empresa tecnológica desea invertir en Honduras pero no encuentra cómo contratar personal con base en nuevas competencias o necesidades?
“Le vamos a decir que nuestro código es de 1960. Así no se construye ni seguridad jurídica ni futuro”, sentencia Ismael Zepeda.
Lea también: Priorizar Ley de Empleo por Hora sobre Tributaria: CCIT
Sin alternativas
La derogación de la Ley de Empleo por Hora fue una reacción a una realidad indiscutible: se cometieron abusos.
Pero el error mayor fue no tener lista una alternativa. En un país con más de un millón de personas fuera del mercado formal, sin un sistema de monitoreo sólido ni leyes adaptadas al siglo XXI, el desempleo no se detiene.
Y mientras los jóvenes migran o se resignan a la informalidad, el Estado posterga su responsabilidad de dar respuestas estructurales a un problema que ya no puede esperar más.