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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, catalogó como un "gran logro en la justicia" la extradición desde Costa Rica de Juan Carlos Guzmán, suegro del expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), acusado por el delito de por lavado de dinero.
"Este día se hizo una gran logro en justicia, logrando la extradición del suegro del expresidente Funes acusado de desfalcar más de 350 millones del erario público", expresó Bukele el miércoles 19 de mayo durante un evento de ascenso de la Policía Nacional Civil.
Bukele estacó que "con el trabajo conjunto de la actual Policía y Fiscalía se logró la extradición y eso no solo nos trae a un miembro de una estructura acusada de desfalcar más de 350 millones de dólares, sino que además nos lleva más cerca de traer a otros miembros de la estructura y hacerlos que paguen".
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Según la acusación del Ministerio Público, Guzmán es parte de la estructura que ayudó al expresidente salvadoreño Funes a lavar parte de los 351 millones de dólares que supuestamente malversó el exjefe de Estado durante su mandato.
El gobierno de Costa Rica notificó el pasado 17 de febrero a El Salvador sobre la aprobación de la extradición de Guzmán después de procesar la solicitud.
El acusado es padre de Ada Michell Guzmán Sigüenza, quien es cónyuge de Funes y se encuentra en Nicaragua, país que les otorgó la nacionalidad junto al expresidente y a tres hijos de este.
Funes, quien llegó a gobernar bajo la bandera del "cambio" del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ante la corrupción de administraciones anteriores, es el tercer presidente salvadoreño desde que el país entró a la vida democrática en ser acusado de apoderarse de dinero público.
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Mauricio Funes también es procesado por supuestamente pagar sobornos al exfiscal general Luis Martínez para evitar investigaciones, malversar fondos de la construcción de una represa, revelar un documento secreto del gobierno de Estados Unidos y evadir impuestos.
Los casos de corrupción que implican a expresidentes salvadoreños suman más de 666 millones de dólares supuestamente malversados de los fondos públicos, según la Fiscalía.
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