La denuncia presentada por la senadora chilena Camila Flores contra su exesposo, Percy Marín, ha generado una fuerte polémica en Chile y en las redes sociales.
La parlamentaria acusó públicamente al exgobernador provincial y excore de Valparaíso de participar en la difusión de imágenes íntimas obtenidas de manera ilegal, un hecho que ha sido catalogado como un presunto caso de 'pornovenganza'.
La situación ha provocado una amplia reacción pública debido a que involucra temas sensibles como la violencia digital, la privacidad, la violencia de género y el impacto que estos hechos pueden tener cuando afectan a figuras políticas de alto perfil.
Además, el caso se desarrolla en medio de un complejo proceso judicial marcado por acusaciones cruzadas entre ambas partes tras el fin de una relación de 17 años.
Camila Flores acusa difusión ilegal de imágenes íntimas
La controversia tomó fuerza luego de que la senadora publicara un video en sus redes sociales denunciando que fotografías privadas suyas habían sido difundidas sin su consentimiento.
Según afirmó, las imágenes habrían sido obtenidas de forma ilícita y posteriormente compartidas por personas vinculadas a su exmarido.
En su declaración pública, Flores sostuvo que ya interpuso las acciones judiciales correspondientes y manifestó su confianza en que los tribunales investigarán los hechos con el máximo rigor.
La legisladora insistió en que nadie tiene derecho a vulnerar la privacidad de otra persona ni a utilizar material íntimo como mecanismo de presión o represalia.
Asimismo, aseguró que este tipo de situaciones reflejan una problemática que afecta a numerosas mujeres. Por ello, aprovechó la instancia para visibilizar la violencia digital y las consecuencias que puede generar en la vida personal, familiar y profesional de las víctimas.
El duro mensaje de Camila Flores contra la violencia y el despecho
Durante el video, la senadora expresó que resulta preocupante que algunas personas no acepten el término de una relación sentimental y recurran a acciones destinadas a causar daño emocional o reputacional.
En ese sentido, enfatizó que ninguna persona es propiedad de otra y que toda mujer tiene derecho a rehacer su vida libremente.
Además, Flores señaló que el fin de una relación no puede convertirse en una justificación para destruir la imagen o la honra de alguien. Según explicó, las acciones denunciadas tendrían como objetivo perjudicarla públicamente y afectar su entorno familiar.
La parlamentaria también hizo referencia al impacto emocional que el caso estaría provocando en su hija menor de edad.
Afirmó que la exposición mediática y la difusión de información privada terminan afectando a terceros que no tienen ninguna responsabilidad en el conflicto.
Antecedentes de violencia intrafamiliar agravan la polémica
Uno de los aspectos que más atención ha generado es que la senadora recordó la existencia de antecedentes judiciales relacionados con violencia intrafamiliar. Según indicó, la justicia chilena había decretado previamente una orden de alejamiento contra Percy Marín.
Flores aseguró que dicha medida fue adoptada tras una denuncia presentada en diciembre de 2025.
De acuerdo con su relato, la situación derivó en la salida obligatoria de Marín del domicilio que compartían, luego de que este se negara a abandonar la vivienda.
Estos antecedentes han incrementado el interés público en el caso, ya que agregan una dimensión más compleja a una disputa que ya se encontraba en tribunales debido al proceso de divorcio y a las acusaciones mutuas formuladas por ambas partes.
Percy Marín y el conflicto judicial que rodea la separación
La denuncia por la presunta difusión de imágenes íntimas se suma a una serie de acciones legales que han marcado la ruptura entre Flores y Marín. Antes de esta controversia, el exesposo de la senadora había presentado una demanda por divorcio culposo.
En esa acción judicial, Marín acusó a Flores de presuntos malos tratos y abuso de poder, además de solicitar una millonaria indemnización económica. Estas acusaciones fueron rechazadas por la parlamentaria, quien sostiene una versión completamente distinta de los hechos.
De esta manera, el conflicto ha trascendido el ámbito privado para convertirse en un asunto de interés público, especialmente debido a la relevancia política de los involucrados y a las implicaciones legales que podrían derivarse de las investigaciones en curso.
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