La empresaria española Carmen Pano ha pasado de un perfil discreto en el sector de los hidrocarburos a ocupar un lugar central en uno de los escándalos políticos más relevantes de los últimos años en España.

Su nombre ha cobrado notoriedad tras su testimonio en el Tribunal Supremo, donde ha detallado presuntas entregas de dinero vinculadas a una trama bajo investigación.

Durante años, Pano se desempeñó en actividades de intermediación comercial y gestión de sociedades mercantiles, principalmente relacionadas con la distribución de combustible.

Sin embargo, su aparición en medios comenzó a intensificarse a partir de 2024, cuando decidió revelar su participación en operaciones relacionadas con el empresario Víctor de Aldama.

Asimismo, su entorno familiar también ha quedado bajo el foco judicial. Su hija, Leonor González Pano, ha sido llamada a declarar en el marco de las investigaciones, lo que ha ampliado el alcance mediático y judicial del caso.

Los 90.000 euros en Ferraz: el eje del escándalo

Uno de los elementos más polémicos del caso gira en torno a la declaración de Pano sobre la entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid. Según su testimonio, el dinero fue entregado en dos pagos de 45.000 euros cada uno durante octubre de 2020.

De acuerdo con su versión, estas entregas fueron realizadas por instrucciones de Víctor de Aldama, quien le habría solicitado actuar como intermediaria. Pano aseguró que el dinero provenía de operaciones vinculadas a su socio Claudio Rivas, en el contexto de negocios relacionados con hidrocarburos.

Collage de fotos de Cramen Pano declranco en el juicio
Carmen Pano durante una de sus comparecencias judiciales, en medio del escándalo por el caso Koldo y la trama de hidrocarburos. Foto: Cortesía.

Además, la empresaria señaló que el objetivo de estas entregas estaría relacionado con gestiones políticas, específicamente con la supuesta intención del entonces ministro José Luis Ábalos de obtener beneficios a cambio de facilitar licencias para la empresa Villafuel. Estas declaraciones han intensificado el debate público y político en España.

Caso mascarillas y Tribunal Supremo: declaraciones bajo la lupa

El denominado caso Koldo, vinculado a la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, ha sido el escenario principal donde Carmen Pano ha ofrecido su testimonio.

Este proceso judicial investiga presuntas irregularidades, incluyendo comisiones ilegales y sobornos en contratos públicos.

En este contexto, Pano compareció ante el Tribunal Supremo como testigo, acompañada de otros implicados, entre ellos su hija y un chófer que habría participado en los traslados del dinero. Este último aseguró haberla llevado a la sede del PSOE con una bolsa que contenía grandes cantidades de efectivo.

La investigación también involucra a figuras clave como Koldo García, exasesor de Ábalos, consolidando un entramado que, según los investigadores, podría revelar una red de corrupción con conexiones políticas y empresariales.

Testimonios y nuevas revelaciones mantienen el caso activo

El avance del proceso judicial ha estado marcado por una serie de testimonios que han reforzado, aunque también cuestionado, la versión de Carmen Pano. Entre ellos destaca la declaración de su hija, quien ha confirmado su participación en las sociedades investigadas.

Por otro lado, el conductor vinculado a Claudio Rivas corroboró haber realizado el traslado de dinero hacia Ferraz, aunque aseguró desconocer si el efectivo fue finalmente entregado dentro de la sede del PSOE. Estas declaraciones han añadido matices al caso.

En febrero de 2026, Pano volvió a comparecer ante el juez, donde mencionó la existencia de pagos adicionales, incluyendo una supuesta entrega de hasta un millón de euros para agilizar licencias. Sin embargo, afirmó no conocer a los destinatarios finales de dichos fondos.

El caso ha generado un fuerte impacto en el panorama político español, afectando directamente al entorno del PSOE y reavivando el debate sobre la transparencia en la gestión pública durante la pandemia.

Desde el punto de vista judicial, la investigación continúa en fase de instrucción. Hasta el momento, no se han dictado condenas firmes, pero se acumulan pruebas, testimonios e informes que podrían definir el rumbo del proceso en los próximos meses.

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