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La irrupción de Juliana Andrea Guerrero Jiménez en la política colombiana ha sido tan acelerada como controversial. Con apenas 23 años, fue designada en 2025 como viceministra de Juventudes, respaldada por el gobierno de Gustavo Petro.
Nacida en Valledupar y criada en Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar, Guerrero se dio a conocer como líder juvenil y activista. Su cercanía con el movimiento del Pacto Histórico fue clave para su llegada a espacios de poder tras la campaña presidencial de 2022.
Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de dificultades. La propia funcionaria ha relatado que tuvo que abandonar su región tras recibir amenazas por su activismo, lo que la llevó a trasladarse a Bogotá y reconstruir su camino académico y profesional.
Denuncia de Angie Rodríguez contra Juliana Guerrero: origen del conflicto
La polémica dio un giro aún más tenso tras las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y actual directora del Fondo Adaptación. La funcionaria aseguró públicamente que fue ella quien detectó y denunció las inconsistencias en la hoja de vida de Guerrero.
Según Rodríguez, la ausencia de títulos profesionales válidos fue el detonante de un escándalo que rápidamente escaló a nivel político y mediático. A partir de ese momento, la relación entre ambas se deterioró hasta convertirse en un enfrentamiento abierto.
De hecho, la exdirectora del DAPRE llegó a calificar a Guerrero como "su peor enemigo", evidenciando el nivel de confrontación que se vive al interior del oficialismo colombiano.
Acusaciones cruzadas y señalamientos dentro del Gobierno
Las declaraciones de Rodríguez no se limitaron al tema académico. También acusó a Guerrero de ejercer poder tras bambalinas en distintas entidades del Estado, así como de intimidar a funcionarios y tener una influencia desproporcionada dentro del Gobierno.
Incluso, lanzó señalamientos más delicados relacionados con supuestos vínculos con grupos armados o el uso indebido de su posición, lo que elevó la gravedad del caso y generó reacciones en distintos sectores políticos.
Por otro lado, Rodríguez cuestionó que Guerrero recibiera de forma rápida medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), mientras ella aseguraba sentirse desprotegida. Sin embargo, la entidad respondió que la solicitud fue tramitada desde el DAPRE cuando Rodríguez aún estaba al frente.
En paralelo, diversos sectores han señalado que este caso refleja posibles fallas en los procesos de verificación de perfiles dentro del Estado, abriendo un debate más amplio sobre meritocracia y transparencia en la administración pública.
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