La actuación del juez de Familia Pablo José Pérez, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Argentina, ha generado un fuerte debate público tras conocerse su intervención en el caso de Ángel Nicolás López, un niño de apenas cuatro años que falleció en circunstancias que apuntan a un presunto maltrato.
De acuerdo con los antecedentes del caso, en noviembre de 2025 el magistrado ordenó la revinculación del menor con su madre, Mariela Altamirano, otorgándole además la tenencia definitiva.
Esta decisión se tomó en medio de un conflicto legal por la custodia, ya que el niño había vivido desde su primer año con su padre, Luis López, y su madrastra, Lorena Andrade.
Asimismo, el proceso estuvo marcado por denuncias cruzadas de violencia entre las partes involucradas. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que la resolución judicial se produjo en un contexto donde, según versiones difundidas posteriormente, existían señales de alarma sobre el bienestar del menor, lo que ha intensificado las críticas hacia el sistema judicial.
Revinculación familiar bajo cuestionamientos tras la muerte del menor
Uno de los elementos más controversiales del caso es la autorización del juez para que el niño regresara al hogar de su madre, decisión que, según allegados al padre, se tomó pese a la existencia de un video en el que el menor lloraba y suplicaba no ser enviado con ella.
Este material, que habría sido presentado durante el proceso, se convirtió posteriormente en un punto central del debate público. A pesar de ello, la justicia avanzó con la medida de revinculación, enmarcada dentro de los procedimientos habituales en disputas por tenencia, donde se prioriza, en muchos casos, el vínculo biológico.
Días después de la celebración de Pascuas en 2026, el menor fue ingresado en estado crítico a terapia intensiva, donde finalmente perdió la vida. Por su parte, la madre, Mariela Altamirano ha negado cualquier responsabilidad en lo ocurrido, asegurando que siempre buscó proteger a su hijo, lo que añade una capa más de complejidad al caso.
Indignación social y presión mediática por el caso Ángel Nicolás López
La muerte del niño no solo generó conmoción, sino que también desató una ola de indignación social que rápidamente se trasladó a las calles y a las redes sociales.
Diversos sectores de la ciudadanía han señalado al juez Pablo José Pérez como responsable indirecto del desenlace, cuestionando su criterio al momento de emitir la resolución.
En este contexto, el caso ha sido comparado con otros episodios similares que marcaron a la opinión pública argentina, lo que ha reavivado el debate sobre las fallas estructurales en los procesos de protección infantil.
Las manifestaciones exigiendo justicia no se hicieron esperar, acompañadas de consignas que apuntan directamente a la actuación judicial.
Además, medios de comunicación y fuentes judiciales han destacado la controversia generada por la decisión, especialmente por no haber considerado con mayor peso las señales de alerta. El caso, por tanto, ha puesto en el centro de la discusión la responsabilidad de los operadores de justicia en situaciones de alta vulnerabilidad.
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