Más de 270 mil mujeres y 22 mil hombres provenientes de comunidades indígenas quechua y de familias de bajos recursos económicos en Perú fueron esterilizados entre 1996 y 2001, según el Ministerio de Salud.

Las acciones se llevaron a cabo en el marco del programa de control de natalidad Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, implementado como medida para combatir la pobreza con el fin de reducir las tasas de natalidad en sectores de escasos recursos en Perú.

El gobierno peruano señaló que los procedimientos quirúrgicos fueron realizados con el consentimiento de los pacientes, sin embargo, más de 2 mil mujeres han dicho lo contrario.

Serafina de Ylla Quispe, tenía 34 años cuando le realizaron el procedimiento, y asegura que ella nunca consintió que se le practicara la cirugía y que cuando despertó estaba en la morgue de un hospital de Cuzco-Perú, después de que la declararan muerta durante la operación de ligadura de trompas.

En ese mismo hospital, otra persona llamada Victoria Huamán, fue supuestamente anestesiada y despertó varias horas después sin darse cuenta que la habían sometido a un procedimiento de esterilización cuando tenía 29 años.

Un caso similar pasó con Rudecinda Quilla, cuando tenía 24 años se presentó al hospital a dar a luz a su cuarto hijo y asegura que los doctores le dijeron que no le entregarían el certificado de nacimiento de su hijo sino se sometía a la operación de ligaduras de trompas.

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De acuerdo con su testimonio al rehusarse, la colocaron a la fuerza en la cama del hospital, ataron sus manos y pies mientras le inyectaban un anestésico antes de someterla al procedimiento.

Este procedimiento era conocido, pero no había llegado a una corte peruana sino hasta 20 años después.

La Fiscalía Peruana señaló al expresidente Fujimori y a miembros de su gabinete por supuesta responsabilidad.

Cabe mencionar que Fujimori está cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por otros delitos.

Después de años de lucha, el miércoles (10 de febrero) el estado peruano reconoció el derecho de las víctimas y serán indemnizadas.

La indemnización fue aprobada gracias a una campaña promovida por la ex congresista indígena Tania Pariona.

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