Los exfuncionarios de la empresa Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn y Alex Moraes, fueron dictados con detención judicial el viernes (09.04.2021) por la compra de siete hospitales móviles adquiridos para la atención de pacientes de covid-19 en marzo de 2020.
Bográn, exdirector de Invest-H, y Moraes, exdministrador, recibieron detención preventiva el jueves luego de presentarse a declarar ante fiscales del Ministerio Público sobre una nueva línea de investigación en su contra.
Pocas horas después, la fiscalía presentó un requerimiento fiscal en contra de ambos funcionarios y del guatemalteco Axel López, representante legal de HospitalMoviles.com y Elmed Medical Systems, empresas proveedoras de los hospitales móviles.
Ambos exfuncionarios hondureños se presentaron este viernes a audiencia de declaración de imputados y ahí un juez de letras con competencia nacional en materia de corrupción dictó detención judicial, según informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
La audiencia inicial iniciará el sábado 10 de abril a partir de las 10:00 de la mañana, con la presentación de los medios de prueba a evacuar por las partes procesales.
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¿De qué se les acusa?
Dicho requerimiento, antepone los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y dos delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública contra los hondureños Marco Bográn y Alex Moraes.
Asimismo, se presentó un requerimiento fiscal contra Axel López por dos delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública a título de cooperador necesario en la compra/venta de los hospitales móviles.
Axel López habría obtenido utilidades superiores a los 20 millones de dólares a cambio de entregar al Estado de Honduras los siete hospitales móviles, según la información financiera obtenida por el Ministerio Público en virtud de asistencia jurídica internacional brindada por autoridades de Estados Unidos.
El Ministerio Público expuso que la compra de los hospitales móviles se realizó de manera "directa y fraudulenta" a Axel López representante legal de HospitalMoviles.com y Elmed Medical Systems, "pagando de manera anticipada el cien por ciento del precio, sin que dicho proveedor tuviera la capacidad técnica y financiera requerida, sin estipular el otorgamiento de las garantías correspondientes para salvaguardar los intereses económicos del Estado y sin previa autorización del Consejo Directivo de Invest-H".
Hasta el momento no existe una orden de extradición en contra del guatemalteco Axel López, y este es el primer señalamiento formal que ha hecho la fiscalía hondureña.
Otros requerimientos
Cabe señalar que, Bográn y Moraes también gozaban de medidas distintas a la prisión, tras ser acusados de malversación de caudales públicos, por supuestamente gastar 100 mil lempiras en viáticos que fueron utilizados para pagar la "cuarentena VIP" a cuatro empleados de Invest-H en un hotel en Tegucigalpa, Francisco Morazán.
Además, son acusados de haber otorgado a la empresa Consultores en Ingeniería SA. (CINSA) -en donde el tío de Bográn es socio propietario- un contrato por 1.2 millones para la supervisión de la construcción del plantel del hospital móvil para pacientes con coronavirus en Santa Rosa de Copán, Copán, al occidente de Honduras.
Aún cuando Ley de Contratación del Estado, en su artículo 15, dice que "no se puede contratar a parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad para la realización de proyectos estatales".
Sin embargo, el exdirector de Invest-H favoreció a la empresa de su tío con el otorgamiento del contrato, y por ello recibió un requerimiento fiscal por el delito de violación a los deberes de los funcionarios.
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¿Qué pena podrían enfrentar?
Marco Bográn y Alex Moraes podrían enfrentar una pena de cuatro a seis años de prisión si resultan culpables del delito de malversación de caudales públicos por la compra de los hospitales, de acuerdo con el nuevo Código Penal.
Mientras que, por la violación a los deberes de los funcionarios el nuevo Código Penal elimina la pena de prisión y solo deja la inhabilitación especial por un período de 3 a 6 años, delito por el que el jueves presentaron un nuevo requerimiento fiscal en contra de Bográn y Moraes.
Asimismo, por el delito de fraude el Código Penal impone una pena de seis meses a tres años de reclusión, cuando el valor de lo estafado no excediere de cinco mil lempiras, y con tres a seis años de reclusión, si la cuantía de lo estafado excediere de dicha suma.
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Caso hospitales móviles
En marzo de 2020, Invest-H pagó cerca 48 millones de dólares (más de 1,174 millones de lempiras) por los siete sanatorios a un consorcio de empresas denominadas Elmed Medical Systems, Hospitalesmoviles.com -representadas por el guatemalteco Axel López- y Vertisa quienes se encargarían de la gestión de compra, construcción y traslado de los hospitales móviles desde Turquía a Honduras.
Sin embargo, investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) revelaron que el costo real de los hospitales era de 14 millones de dólares, existiendo una sobrevaloración de 34 millones de dólares, es decir, 833 millones de lempiras.
Pese a ello, Axel López comenzó a exigir un pago de 37.5 millones de lempiras por el traslado de los hospitales desde Turquía, donde fueron elaborados, a Honduras, aún cuando el informe del Ministerio Público detalla que el guatemalteco obtuvo ganancias por 20 millones de dólares.
La investigación de Ministerio Público resalta que tales hospitales móviles no reúnen las condiciones requeridas para el aislamiento y tratamiento de personas afectadas por el covid-19.
Hasta la fecha, de los hospitales ya instalados, solamente el sanatorio móvil de San Pedro Sula funciona, mientras que el de Tegucigalpa es utilizado para cirugías del Hospital Escuela, porque ese ente determinó que no es apto para atender pacientes con covid.
Mientras, los módulos de Olancho, El paraíso, Choluteca, Atlántida y Copán siguen siendo instalados por Invest-H y no se ha fijado fecha para que funcionen.
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