Estamos viviendo una excepcional etapa histórica, agobiados por una pandemia, afectados por una epidemia y fenómenos naturales que han dejado desastres en nuestras comunidades y que también han puesto de manifiesto más hechos graves a lo largo de nuestra formal independencia y de nuestra historia como Estado constitucional de Derecho.

Hechos negativos que se han ido sumando y hoy constituyen un sistema de corrupción, impunidad, deterioro del medio ambiente y otros males públicos que dañan la vitalidad y derechos humanos del pueblo y, con ello, la legitimidad del funcionamiento del Estado.

Esa es la historia resumida de nuestras propias omisiones y acciones erróneas del pasado y de la infelicidad presente de la mayoría de nuestra gente, planteándose desafiante hoy la necesidad de sobrevivencia y supervivencia social.

Lo que, para el porvenir, demanda de cada uno de nosotros, tener conciencia del valor de cada persona, de la importancia de la ciudadanía y del responsable ejercicio de sus derechos y cumplimiento de deberes como pueblo soberano, en un Estado organizado para que la misma ciudadanía elija a quienes habrán de conducir su gobierno, conforme a las normas constitucionales y con autoridad centrada en asegurar la protección y promoción de la dignidad humana.

En este contexto, salimos al encuentro de este bicentenario de nuestra independencia formal que coincide con nuestras elecciones generales, el próximo 28 de noviembre. Acontecimientos que ocurren cuando parte significativa de la ciudadanía está sumida en desconfianza y desesperanza, aun cuando reconozca la necesidad de lograr que, la independencia y nuestro Estado constitucional Derecho, conduzcan a resultados de transformación de nuestra realidad en un orden social de dignidad, bienestar y justicia social.

Sin embargo, esos resultados dependen más que todo de la misma ciudadanía y sociedad. El espacio temporal hasta la fecha de elecciones, es el plazo perentorio que tenemos para comenzar a prepararnos para ello, atendiendo la prevención sobre el buen funcionamiento del Estado constitucional de Derecho que, desde la independencia y para todas las generaciones, hizo nuestro sabio José Cecilio del Valle, al señalarnos lo siguiente: "elegid aquellos que hayan dado pruebas efectivas, pruebas inequívocas de adhesión a nuestro sistema. No os contentéis con promesas o protestas; volved la vista a los tiempos anteriores. Buscad hechos, y no os fieis en palabras. Si en todos los años es necesaria la vigilancia, en los presentes es más precisa que nunca".

Con certeza, la emancipación de la autodeterminación de la ciudadanía, de su dependencia habitual de ciertos actores o grupos, mediante su libre y responsable voto en las elecciones: es determinante para la transformación de Honduras, con la elección de personas honestas y capaces que respondan a la necesidad social y al deber constitucional de ser parte de un gobierno de integración nacional, sin compromisos político-partidistas. Gobierno nacional con palabra dada y exigible de ejecutar un viable plan estratégico, con visión de país, para fomentar consistentemente el desarrollo integral sostenible, nacional y local.

Ello debe ser así, porque la democracia constitucional, como forma de gobierno, es el mejor modo de proteger y promover la dignidad humana, garantizar la justicia y el desarrollo sostenible que lleva al bienestar, reforzando la cohesión social e impulsando la paz, en un ambiente estable de libertad.

La consigna cívica, en consecuencia, es emanciparnos como ciudadanía activa y participativa en el Estado, ejerciendo nuestra soberanía individual y la colectiva del pueblo entero. ¡Hagámoslo responsablemente, por medio del patriotismo constitucional democrático, a partir del ejercicio del derecho al voto en las próximas elecciones, en favor del bien común, para que, cada mujer y cada hombre, pueda realizar, con igualdad de oportunidades, sus proyectos de trabajo decente y de vida digna!

Héctor Roberto Herrera Cáceres / Doctor en Derecho Internacional y ex-Comisionado Nacional de Derechos Humanos

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