En el diario oficial La Gaceta fue publicado el viernes (02.10.2020) el Decreto Ley mediante el cual el Congreso Nacional aprobó la ampliación por 12 años de tres contratos de energía eléctrica para el suministro en el Litoral Atlántico.
Dichos contratos fueron ampliamente cuestionados por ser ilegales, según diversos sectores del país porque no pasaron por el debido proceso legislativo y a precio elevado.
La ampliación de los contratos 011-2018, 012-2018 y 013-2018 fueron aprobados en sesión legislativa virtual el pasado 3 de septiembre en beneficio de Comercial LAEISZ S.A. de C.V. para la generación de 70 megavatios a base de diésel en Colón, Atlántida y parte de Yoro.
El costo promedio del kilovatio hora, fijados en los acuerdos es de $ 0.080 para la región de San Isidro y La Ceiba y de 0.083 para Regulero y La Ensenada, en la costa atlántica.
Otro contrato 049-018 enviado por la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencial se aprobó a favor de Rentas Américas Honduras S.A. DE C.V. por un término de diez años.
“Es lamentable que todavía no se haya podido poner orden en el sistema eléctrico nacional y que se sigan tomando este tipo de decisiones”, cuestionó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Pedro Barquero.
A su vez, Barquero cuestionó que la aprobación para ampliar dichos contratos de generación de energía térmica haya ocurrido en medio de la pandemia por el covid-19.
"Lo único que vamos a seguir teniendo es más pobreza para el pueblo hondureño”, advirtió el empresario.
Por su parte, el abogado Juan Carlos Barrientos consideró que el Congreso Nacional pude negarse a aprobar esos contratos, ante los señalamientos de diversos sectores de ser ilegales.
Barrientos sostuvo que se puede presentar una demanda ara pedir la nulidad de los contratos adjudicados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
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Plazos de cumplimiento
Mediante un comunicado conjunto, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y el Operador del Sistema (ODS) señalaron que el Legislativo cambió los plazos de cumplimiento, puntos de conexión a la red y el tipo de combustible a utilizar en la producción.
Con estos cambios, según la CREE y la ODS, el Congreso Nacional violó la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), que, entre otras cosas, ordena que sean estos organismos los que conozcan previamente sobre cualquier acto relacionado con la generación de electricidad, incluyendo os contratos de energía, pero no se les tomó en cuenta.
