Veintitrés años después de una de las jornadas más violentas que sacudieron a San Pedro Sula, la justicia hondureña volvió a abrir un expediente marcado por sangre, terror y rapiditos convertidos en escenas de muerte.
En la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia inició el juicio oral y público contra Jesús Humberto Mancía, señalado por el Ministerio Público (MP) como supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) y acusado de participar en tres ataques armados contra unidades del transporte público que dejaron 17 personas asesinadas en un solo día.
El caso revive uno de los episodios que sembró miedo en Honduras a inicios de los años 2000, cuando las pandillas comenzaron a convertir el transporte urbano en blanco de ataques brutales para enviar mensajes de poder y desafío al Estado.
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El sobreviviente que reconoció a los atacantes de los rapiditos
Durante la primera jornada del juicio, la Fiscalía presentó el testimonio de un testigo protegido que aseguró que sobrevivió al robo violento de un vehículo que se usó posteriormente en las masacres.
Según su relato, cuatro hombres armados lo interceptaron en la 23 calle del barrio Las Palmas, donde le dispararon y le robaron un pick-up Toyota 22R azul, modelo 1985.
Ese vehículo, según las investigaciones, lo utilizaron horas después en los atentados contra las unidades de transporte.
“El Ministerio Público me mostró la foto de la portada de un diario donde aparecían hombres detenidos por la masacre en la Satélite. Yo reconocí a los cuatro que me atacaron y robaron mi carro”, declaró el testigo bajo juramento.
La Fiscalía sostiene que entre las personas identificadas por el sobreviviente se encontraba Jesús Humberto Mancía.
Tres ataques, 17 muertos y una ciudad paralizada
El expediente judicial sitúa los hechos el 30 de agosto de 2003, una fecha que quedó grabada como una de las más sangrientas para el transporte público sampedrano.
Según el requerimiento fiscal, Mancía enfrenta cargos por 17 delitos de asesinato, además de tentativa de asesinato, tentativa de homicidio, asociación para delinquir y robo de vehículo.
Las investigaciones concluyen que los ataques se ejecutaron de forma coordinada por varios supuestos integrantes de la MS-13.
El primer atentado ocurrió contra un rapidito de la Ruta 2 en la colonia Satélite. Ocho pasajeros murieron bajo una lluvia de disparos.
Quince minutos después, otro ataque armado se registró en la 11 calle y 4 avenida del barrio Medina, donde una persona falleció en una unidad que cubría la ruta hacia Chamelecón.
El tercer hecho ocurrió en la colonia Ebenezer, también en el sector de Chamelecón, donde a otras ocho personas las asesinaron, entre ellas el conductor del autobús y su ayudante.
En menos de una hora, el miedo se apoderó de San Pedro Sula.
La sombra de la Ley Antimaras
Las diligencias investigativas realizadas en 2003 concluyeron que las masacres se ejecutaron como una represalia por la inminente aprobación de la llamada Ley Antimaras.
Esa fue una estrategia estatal para endurecer el combate contra las pandillas que se impulsó en ese momento.
La ofensiva criminal buscó sembrar terror y demostrar capacidad de respuesta frente a las medidas impulsadas por el Gobierno.
Un día después de los ataques, capturaron a cuatro sospechosos. Sin embargo, con el paso de los años el proceso judicial se fragmentó.
Dos de los acusados murieron, otro continúa pendiente de enfrentar la justicia y Mancía llegó al juicio bajo medidas cautelares.
Esto tras que se le venciera el plazo máximo de prisión preventiva, informaron autoridades.
Un juicio que revive heridas
Más de dos décadas después, el caso llega a la justicia y es uno de los episodios más oscuros de violencia registrada en el país.
Las familias de las víctimas esperan que el juicio no solo determine responsabilidades, sino que también cierre una herida que estuvo abierta durante años en las calles donde los rapiditos dejaron de ser simples buses para ser símbolos del terror.
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