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Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Yoro, quien alguna vez ocupó una posición de prestigio como servidor público, se enfrenta a la posibilidad de pasar los próximos 20 años tras las rejas en una cárcel estadounidense.
La Fiscalía de Nueva York, en su memorándum de sentencia, dejó claro que el crimen de Urbina no es un delito menor: el exalcalde conspiró para importar miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos, en alianza con el poderoso cártel hondureño conocido como Los Cachiros.
La acusación no solo pinta un panorama de narcotráfico a gran escala, sino que también desvela un esquema en el que la política y el crimen organizado estaban intrínsecamente ligados.
Desde su puesto como alcalde de Yoro, Urbina facilitó el paso seguro de toneladas de cocaína a través de Honduras, valiéndose de sus conexiones con los narcotraficantes y su cercanía con figuras de poder como Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado a 45 años, señala la Fiscalía.
Traficando poder y drogas
El peso del caso no recae únicamente en la cantidad de droga traficada —una cifra que supera cientos de veces el mínimo que desencadena una condena obligatoria de 10 años— sino en la posición de poder que Urbina usó para proteger estas operaciones.
Como alcalde, no solo permitió que los narcotraficantes utilizaran pistas de aterrizaje en Yoro, sino que además, con la ayuda de sus alianzas políticas, garantizó la impunidad de los traficantes.
"El daño que causa una tonelada de cocaína es casi incalculable", cita el memorándum de la Fiscalía, describiendo el impacto devastador que el tráfico de drogas tiene en las comunidades.
Urbina no solo buscaba poder político. Según la Fiscalía, él y su familia acumularon riqueza a costa del sufrimiento de miles de personas, mientras aprovechaba sus conexiones con figuras influyentes para operar sin restricciones.
Sin embargo, su desenfreno y notoriedad acabaron siendo su perdición. En lugar de capturarlo por sus actividades delictivas, el arresto en 2014 ocurrió porque atrajo demasiada atención, lo que enojó a sus aliados dentro de la conspiración.
Corrupción y consecuencias
Pero este caso puso al descubierto la podredumbre de un sistema que Urbina ayudó a forjar. la corrupción en Honduras, donde los políticos actuaron como cómplices del narcotráfico.
Las conexiones con el narcotráfico no solo le otorgaron poder, sino que le dieron una ventaja electoral, comprando votos con dinero manchado por la droga.
Ahora, enfrenta la posibilidad de una sentencia de 240 meses de prisión, la justicia estadounidense busca no solo castigar, sino también enviar un mensaje claro: el abuso del poder público no quedará sin consecuencias.
El juez que dictará la sentencia, Denise L. Cote, tiene en sus manos no solo el destino de un hombre, sino el simbolismo de un sistema que lucha por mantener su dignidad ante la embestida del narcotráfico.
La Fiscalía enfatiza en la necesidad de una sentencia ejemplar para disuadir a otros políticos que, como Urbina, son tentados por la promesa del dinero fácil a costa del futuro de su país.
Mientras llega el 18 de septiembre de 2024, fecha en la que se conocerá la sentencia, queda una lección amarga para Honduras: el precio del narcotráfico no solo se mide en drogas traficadas, sino en las instituciones que corrompe y las vidas que destruye.
Pidió considerar tiempo cumplido en Honduras
Arnaldo Urbina pidió considerar el tiempo que pasó en una prisión hondureña entre 2014 y 2019 para evaluar una posible reducción de la pena.
Pero la Fiscalía dice que no presentó pruebas que respalden la posibilidad de que se le imponga una condena por debajo del mínimo obligatorio de 60 meses de prisión.
Además, en cuanto al período que el acusado permaneció en custodia hondureña mientras esperaba su extradición, desde el 26 de marzo de 2019 hasta el 31 de enero de 2023, dice que será la Oficina de Prisiones (BOP) la que determine si corresponde otorgarle crédito por ese tiempo.
"En cualquier caso, el tiempo que el acusado pasó en custodia en Honduras no justifica una sentencia significativamente inferior al rango establecido en las pautas", señala la Fiscalía.