En 2012, Honduras dejó de contar únicamente las víctimas civiles de la violencia y comenzó a contar a sus policías muertos.
Mientras el país figuró entre los más violentos del mundo, el crimen encontró un nuevo blanco: los hombres y mujeres que patrullaban las calles, investigaban homicidios o dirigían operativos. El uniforme ya no intimidó y tampoco protegió.
Las cifras retratan un año devastador y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), documentó el asesinato de 65 miembros de la Policía Nacional durante ese año.
Eso representó un promedio de 5.4 agentes por mes y uno cada cinco días. Detrás de cada número había una familia, una patrulla vacía y una institución que también comenzó a sufrir la violencia que debía contener.
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Policías: el crimen también les declaró la guerra
Los homicidios alcanzaron prácticamente todos los niveles de la institución. De las 65 víctimas, 56 pertenecían a la escala básica y nueve eran oficiales.
La mayoría tenía entre 21 y 40 años, es decir, agentes en plena etapa productiva de su carrera policial.
La violencia tampoco distinguió especialidades, había miembros de la Policía Preventiva, la entonces Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), Tránsito, Cobras, Policía de Fronteras, la Unidad Antiextorsión y otras dependencias.
Incluso una mujer policía perdió la vida durante un enfrentamiento con la denominada "Banda de los Espinoza", convirtiéndose en la única agente asesinada ese año.
Pero el dato que más rompe el imaginario colectivo es otro: apenas 12 de los agentes murieron mientras cumplían su deber.
El resto murió cuando estaban de franco, de vacaciones, en reposo, disponible o incluso suspendido de sus funciones. La violencia los esperaba también fuera del servicio.
Una impunidad que también vistió uniforme
Si los homicidios estremecieron a la institución, la respuesta judicial terminó de desnudar el problema.
El informe señala que en 55 de los 65 asesinatos las autoridades desconocían quiénes eran los responsables.
Eso equivalía a un nivel de impunidad cercano al 85 %. Ni siquiera los crímenes contra policías lograron romper el muro de la impunidad que domina al país.
Ese mismo año ocurrieron ataques que marcaron la memoria institucional. El 2 de mayo de 2012 fueron asesinados los subcomisionados Rosel Armando Nájera Hernández y Dorian Mártir Sobalvarro Bueso mientras circulaban por el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa.
Meses después, el 12 de noviembre de 2012, un suboficial y cuatro agentes de la DNIC fueron ejecutados dentro de las oficinas policiales en La Ceiba, uno de los episodios más impactantes registrados en el documento.
Francisco Morazán encabezó la lista
La violencia tuvo un epicentro y Francisco Morazán concentró 25 asesinatos de policías, seguido por Cortés y Atlántida, con diez casos cada uno.
En conjunto, esos tres departamentos acumularon más de dos terceras partes de las muertes registradas durante el año.
Las armas de fuego fueron utilizadas en 61 de los 65 homicidios, confirmando que el ataque contra los agentes respondía a un patrón de ejecuciones con alta letalidad.
El uniforme dejó de ser un escudo
Con el paso de los años llegaron procesos de depuración, reformas institucionales y nuevas estrategias de seguridad.
Sin embargo, el 2012 permanece como uno de los capítulos más oscuros para la Policía Nacional.
No solo porque murieron 65 agentes, sino porque evidenció que la violencia rompió una barrera simbólica: quienes estaban llamados a proteger a la ciudadanía también se convirtieron en objetivos del crimen.
Aquel año Honduras no solo enterró policías, enterró la idea de que el uniforme bastaba para mantenerse a salvo.
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