El caso del ingeniero civil Jair Rigoberto Euceda López muestra cómo el sistema judicial enfrenta el delito de femicidio en Honduras.

El tribunal admitió más de 30 pruebas, las cuales lo señalan como responsable del asesinato de su esposa, la docente Lesby Gisela Márquez Perdomo.

El ingeniero, según autoridades, abandonó el cuerpo de la víctima en un botadero de Jesús de Otoro el 22 de abril de 2019.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) asegura que cada elemento probatorio es clave para demostrar cómo un crimen íntimo se convirtió en un femicidio que estremeció a Siguatepeque.

El recorrido del ingeniero

La investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) reconstruye una ruta que parece sacada de un guion macabro.

Ese día, Euceda López trasladó a su pareja por varias ciudades: comenzó en El Progreso, pasó por Siguatepeque y terminó en Jesús de Otoro, donde la historia tuvo su desenlace más brutal.

En un botadero de la comunidad de El Chorrito, a la altura del kilómetro 10, dejó el cuerpo sin vida de Lesby.

Después, huyó hacia la carretera al norte e intentó borrar las huellas de su crimen. Pero los investigadores aseguran que cada movimiento quedó registrado y hoy forma parte del expediente.

Procesado por femicidio, pero en libertad

Pese a la gravedad del delito, el juez competente dictó auto de formal procesamiento y le permitió defenderse en libertad.

El ingeniero ofreció como caución hipotecaria una propiedad valorada en un millón ochocientos mil lempiras, medida que aceptaron.

La decisión generó malestar entre organizaciones de mujeres y sectores sociales que ven en estas resoluciones un mensaje de impunidad frente al femicidio.

Para la familia de Lesby fue un golpe más en su camino por obtener justicia, y hasta hoy no comprenden por qué se tomó esa medida.

Capturan a supuesto femicida cinco años después

La aparente tranquilidad de Euceda terminó el 11 de mayo de 2024, cuando agentes de apoyo estratégico y operaciones especiales de la ATIC lo capturaron en la carretera CA-13, en El Progreso, Yoro.

Verlo esposado, tras años de espera, simbolizó para muchos la esperanza de que el caso finalmente llegue a un desenlace en los tribunales.

El asesinato de Lesby Gisela no es un caso aislado. Cada año, decenas de mujeres son víctimas de femicidio en Honduras y, en muchos casos, los responsables nunca enfrentan la justicia.

La FEDCV considera que este proceso puede convertirse en un precedente para mostrar que el Estado no puede tolerar crímenes contra las mujeres en la impunidad.

Lea también: De la casa a la calle: la violencia que persigue a las mujeres hondureñas

A la espera del juicio contra hondureño que mató a su esposa

El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque deberá fijar la fecha del juicio oral y público. Mientras tanto, la familia de Lesby lucha para que el caso no se diluya en tecnicismos judiciales.

Con más de 30 pruebas sobre la mesa, esperan que la justicia hondureña envíe un mensaje claro: La vida de una mujer no puede terminar en un botadero sin que su asesino pague por ello.