El 11 de julio de 1992, a Juan Humberto Sánchez lo detuvieron ilegalmente las Fuerzas Armadas de Honduras, en una clara violación a sus derechos fundamentales. Lo acusaron de colaborar con la Radio Venceremos, emisora clandestina del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador. Tres décadas después, la justicia sigue siendo una deuda pendiente.

Doce días después, su cuerpo apareció sin vida en un pozo de río, con claras señales de tortura. Lo desaparecieron, ejecutaron extrajudicialmente y abandonaron.

La desaparición forzada de Juan Humberto fue tan atroz que, años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado hondureño culpable por su responsabilidad en el crimen.

La sentencia que se emitió en 2003 no dejó espacio a dudas: Honduras debía investigar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, además de implementar un registro nacional de personas detenidas.

Honduras no hace justicia

Han pasado 33 años desde el crimen y más de dos décadas desde la sentencia internacional, pero la justicia sigue en pausa.

Las organizaciones que integran la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de la Corte IDH denuncian que el Estado hondureño no cumplió con las medidas de reparación dictadas por el Tribunal.

Tampoco se creó el registro de detenidos ordenado, una herramienta esencial para prevenir nuevas desapariciones forzadas y garantizar que toda detención sea legal y rastreable.

La impunidad, una vez más, se impone sobre la verdad y el derecho a la memoria.

Una herida abierta en medio del presente

La historia de Juan Humberto Sánchez no pertenece solo al pasado. Hoy, más que nunca, cobra relevancia, en un contexto donde las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias siguen siendo una amenaza latente.

Desde diciembre de 2022, Honduras vive bajo un estado de excepción que se prorrogó ya 22 veces.

Organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) documentan violaciones alarmantes durante este período.

La historia se repite y las promesas de “no repetición” quedaron archivadas. En este contexto, la omisión del Estado hondureño para hacer justicia por Juan Humberto Sánchez no es solo una deuda, sino una amenaza para el presente.

Organizaciones de derechos humanos exigen justicia

Desde las organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento alzan la voz. Su mensaje es claro: el crimen contra Juan Humberto no puede quedar impune.

Estas organizaciones reiteran que no abandonarán la lucha por el cumplimiento total de la sentencia de la Corte IDH.

Que no se cansarán de exigir verdad, justicia y reparación para la familia de Juan Humberto Sánchez, y para todas las víctimas de crímenes de Estado en Honduras.

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Un país que debe una justicia pendiente

En cada aniversario del crimen, no solo se honra la memoria de Juan Humberto. También se confronta a un Estado que optó por el silencio y la omisión.

Y mientras la justicia no llegue, Honduras será ese país donde la impunidad se viste de olvido y los crímenes del pasado se convierten en lecciones no aprendidas.

La desaparición forzada de Juan Humberto Sánchez es más que una tragedia: es una advertencia. Es una herida abierta que solo podrá cerrarse con justicia.