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El Ministerio Público de Honduras mantiene abiertas unas 27 líneas de investigación ligadas a actos de corrupción en el contexto de la pandemia del coronavirus que azota desde el mes de marzo al país.
Fuentes cercanas a las pesquisas, explicaron a Tunota.com que otros cinco hechos ligados a actos de corrupción se estarían sumando 22 líneas de investigación que mantiene abiertas el Ministerio Público.
Varios funcionarios y exfuncionarios públicos han estado bajo la lupa de ente investigador, por supuestos malos manejos de recursos destinados para enfrenar la pandemia. Dos servidores estatales han sido procesados judicialmente por las irregularidades.
La última intervención se llevó a cabo en contra del exdirector de la empresa Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, acusado del delito violación a los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos, este último también aplicado a Alex Moraes, exadministrador de la institución.
A ambos funcionarios se les impuso un requerimiento fiscal y medidas preventivas distintas a la prisión por estar ligados a la malversación de caudales públicos por una lujosa "cuarentena VIP" que pasaron varios empleados de Invest-H en Tegucigalpa y por la cual se pagaron más de 100 mil lempiras.
De acuerdo al Ministerio Público, en marzo pasado, cinco funcionarios de Invest-H iniciaron una gira de trabajo en diferentes ciudades del país, donde serían ubicados los hospitales siete móviles comprados por Invest-H.
Al regresar a la capital, pasaron 15 días en cuarentena para descartar que estuvieran contagiados. Para ello fueron alojados con todos los gastos pagados en un hotel de la ciudad, como parte del aislamiento que los protocolos de bioseguridad exigen, pese a haberse habilitado para tal finalidad la Villa Olímpica.
Otras líneas de Investigación
El Ministerio Público indaga una posible sobrevaloración de siete hospitales móviles para atención de pacientes con covid-19 que fueron comprados por el entonces director de Invest-H.
De acuerdo a las indagaciones, los sanatorios fueron adquiridos por unos 47 millones de dórales, pero su precio real sería de unos 15 millones.
Anteriormente, miles de pruebas PCR de diagnóstico de covid-19 que fueron compradas por Invest-H por 46 millones de lempiras se dañaron, razón por la cual se inició un expediente investigativo.
Otras acciones de la Fiscalía están dirigidas a escudriñar en las denuncias sobre las compras materiales para atender la pandemia realizadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), durante la pandemia, y por las cuales renunció el exministro de la institución, Gabriel Rubí.
En marzo, Rubí anunció que arribarían al país un hospital y clínicas móviles, 110 respiradores y 200 termómetros láser adquiridos para la red de salud luego de confirmarse los primeros casos de coronavirus.
Asimismo, en la Secretaría de Salud se indaga sobre una compra de material y equipo de bioseguridad para mitigar la pandemia del coronavirus.
A estas anteriores, se suman tres líneas de investigación que desde el 1 de mayo ocupan la atención de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en relación a la instalación y abandono de un hospital móvil en Villanueva, Cortés.
Asimismo, las donaciones del programa Honduras Solidaria a la alcaldía de El Progreso en Yoro. Otra línea más está relacionada a las maniobras de los funcionarios de Invest-H para hacer negocio con la compra y distribución de pruebas rápidas de detección de covid-19 en la zona norte.
En La Ceiba, Atlántida, el Ministerio Público hace averiguaciones para deducir responsabilidades por el desvío de la donación de un lote de ventiladores procedentes de Corea del Sur y que fueron entregados al Hospital General Atlántida.
Otra hecho bajo investigación está relacionado con un supuesto desvío de tanques de oxigeno del Hospital del Sur ,en Choluteca, hacia casas particulares.