El Poder Judicial confirmó que este sábado 30 de agosto se celebrará la audiencia de declaración de imputados para José Amílcar Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, junto a otros ocho imputados.
La audiencia contra los acusados, señalados por el Ministerio Público (MP) por los delitos de lavado de activos, estafa y apropiación indebida, se llevará a cabo en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en Tegucigalpa a las 9:00 de la mañana.
El portavoz de dicho juzgado, Josué Salinas, indicó que todos los imputados, entre los que se incluye a Hernández, permanecerán bajo resguardo policial en las instalaciones de los juzgados capitalinos hasta que se realice la audiencia de declaración de imputados.
Investigación del Ministerio Público
Estos cargos surgen tras una investigación por parte del Ministerio Público, a través de las Fiscalías Especiales Contra Delitos Comunes (Fedcom) y Contra el Crimen Organizado (Fescco), apoyados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
El caso involucra una red que, según las investigaciones, operaba a través de contratos falsificados que supuestamente se suscribieron en nombre de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (Comixmul).
Estos contratos, que sumaron más de 47 millones de lempiras, no eran servicios profesionales como se indicaba, sino que estaban destinados a una serie de fraudes ejecutados por abogados, empleados y directivos de la cooperativa.
La trama de fraude se desarrolló a lo largo de varios años, con un impacto económico significativo. Se estima que la red sustrajo más de 37 millones de lempiras de los fondos de la cooperativa, perjudicando gravemente a las mujeres que confiaban en la organización.
Como resultado de este entramado de corrupción, la Fiscalía ha asegurado varios bienes, incluyendo tres condominios, dos vehículos y dos sociedades mercantiles.
Cabe recordar que el MP ya había ejecutado capturas previas en 2017, cuando varios exdirectivos de la cooperativa fueron detenidos y condenados por lavado de activos y delitos financieros.
Esta es la tercera línea de investigación que presenta el MP en relación con este caso, lo que demuestra la amplitud del fraude y la implicación de diversas personas vinculadas a la cooperativa y los bufetes privados involucrados.
Este caso refleja el continuo esfuerzo de las autoridades hondureñas para desmantelar estructuras de corrupción y fraudes que afectan a organizaciones de la sociedad civil, en especial aquellas que tienen un impacto directo en las comunidades vulnerables.
Mientras tanto, la sociedad hondureña espera que la justicia actúe con firmeza para castigar a los responsables de estos actos y garantizar que los fondos públicos sean utilizados de manera adecuada.
