Una negociación de siete millones de lempiras llevó al empresario Franklin Villeda desde Tocoa hasta un hotel de San Pedro Sula.
Buscaba adquirir una propiedad, pero aquella reunión del 19 de febrero de 2025 se convirtió en el último encuentro de su vida.
Lo que parecía una operación comercial destapó una presunta estructura delictiva que utilizó falsas credenciales profesionales y aparentes conexiones institucionales.
La investigación también involucró a tres agentes de la Policía Nacional, uno de los elementos que más interrogantes abrió sobre el caso.
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Franklin Villeda y la negociación que nunca se concretó
Franklin Edilberto Villeda Caballero era propietario de Comercial Los Negritos, un establecimiento ubicado en Tocoa, departamento de Colón.
El empresario mostró interés en adquirir un inmueble bajo administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Para avanzar en la negociación, acordó reunirse con Rolando Josué Sánchez Salinas, quien se presentaba como abogado y asesor de esa institución.
El miércoles 19 de febrero, Villeda llegó aproximadamente a las 6:30 de la tarde a un hotel del barrio Río de Piedras.
Allí encontró a Sánchez Salinas acompañado de agentes policiales, una presencia que aparentemente reforzaba la imagen de autoridad de su interlocutor.
La negociación contemplaba una suma millonaria y según las investigaciones policiales, el empresario llevaba aproximadamente 7.25 millones de lempiras.
Sin embargo, durante el encuentro surgieron desacuerdos relacionados con la operación inmobiliaria.
Las pesquisas establecieron que Villeda sospechó de un posible engaño después de entregar parte del dinero para adquirir la propiedad.
Franklin Villeda no concretó la compra y, según la hipótesis de los investigadores, los involucrados decidieron despojarlo del dinero restante.
El falso abogado detrás del negocio
Rolando Josué Sánchez Salinas ocupó un lugar central en las investigaciones desarrolladas después de la muerte del empresario.
Durante sus contactos comerciales, Sánchez utilizó una identidad profesional que posteriormente cuestionaron las autoridades y el Colegio de Abogados de Honduras.
El entonces presidente de ese gremio, Gustavo Solórzano, aclaró que Sánchez Salinas no figuraba entre sus profesionales registrados.
La OABI también negó que el sospechoso trabajara como asesor de la institución y estas revelaciones cambiaron la dimensión del caso.
La Policía identificó a Sánchez como presunto integrante principal de una organización conocida como la estructura del abogado Nando.
Las autoridades también investigaron sus aparentes vínculos con funcionarios y otros operadores que podrían haber facilitado actividades irregulares.
La participación policial abrió nuevas preguntas
Uno de los aspectos más delicados surgió cuando las investigaciones identificaron a tres policías relacionados con los acontecimientos del hotel.
Los investigadores señalaron a Alexis David Ramírez Pérez, Allan Esaú Ponce y Víctor David Cruz Rolando.
Según las pesquisas, los agentes acompañaban a Sánchez Salinas durante la reunión que sostuvo con Franklin Villeda.
La investigación debía establecer si los agentes actuaban bajo órdenes oficiales, mediante autorizaciones irregulares o por acuerdos particulares.
El caso puso bajo examen los mecanismos que permiten identificar posibles abusos de autoridad y utilización indebida de recursos policiales.
Las pistas que reconstruyeron las últimas horas
Después de la reunión, los familiares de Franklin Villeda perdieron contacto con él.
El 20 de febrero de 2025, las autoridades encontraron su cuerpo en la aldea Las Vegas, municipio de Pimienta, Cortés.
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida y la Dirección Policial de Investigaciones comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos.
Los investigadores revisaron las actividades registradas en el hotel y examinaron los desplazamientos de los sospechosos.
Entre los elementos analizados figuraron compras realizadas durante la noche, movimientos de equipaje y recorridos de un vehículo.
El Ministerio Público también practicó inspecciones y pruebas científicas dentro del establecimiento para determinar dónde ocurrieron los hechos.
Estas diligencias permitieron fortalecer la hipótesis fiscal sobre la participación de varias personas y la posterior alteración de evidencias.
La Fiscalía presentó más de veinte medios probatorios durante las primeras actuaciones judiciales contra el agente detenido.
De la investigación policial a los tribunales
El 24 de febrero de 2025, el Ministerio Público informó sobre el proceso contra el policía Alexis David Ramírez Pérez.
Las autoridades también emitieron órdenes de captura contra otros sospechosos vinculados con el caso.
Dos días después, el expediente pasó al circuito judicial especializado en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
La jueza que examinó inicialmente la causa consideró que los hechos investigados presentaban características relacionadas con una estructura organizada.
Esa decisión amplió el alcance judicial del expediente, aunque no constituyó una declaración de culpabilidad contra todos los señalados.
El proceso contra Ramírez Pérez continuó durante 2025 y registró nuevas actuaciones en 2026.
El giro judicial de 2026 en el caso Franklin Villeda
En enero de 2026, la defensa de Alexis David Ramírez Pérez anunció su intención de solicitar un procedimiento abreviado.
Mediante ese mecanismo, el imputado buscaba aceptar responsabilidad como cómplice a cambio de una reducción de la pena.
En marzo, trascendió que la Fiscalía solicitaría una condena cercana a diez años de prisión si prosperaba esa petición.
Sin embargo, el proceso registró un nuevo avance el 17 de junio de 2026 y un juez ordenó enviar a Ramírez Pérez a juicio oral y público por su presunta complicidad en la muerte del empresario.
El tribunal dispuso remitir el expediente al Tribunal de Sentencia especializado, con sede en Tegucigalpa.
Los sospechosos pendientes y el dinero sin esclarecer
Los reportes judiciales de 2026 todavía identifican como prófugos a Rolando Josué Sánchez Salinas y a dos agentes policiales.
La Policía ofreció una recompensa de cinco millones de lempiras por información que permitiera localizar a Sánchez Salinas.
El expediente mantiene abiertas preguntas sobre las posibles conexiones institucionales de la estructura y la responsabilidad individual de cada acusado.
Para la familia de Franklin Villeda, aquella reunión representó mucho más que un negocio que nunca llegó a concretarse.
Y para la justicia hondureña, el caso plantea una prueba pendiente: esclarecer quiénes participaron, cómo operaron y qué ocurrió con los millones.
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