El 28 de noviembre de 2021, Honduras celebró la elección de Xiomara Castro como presidenta, marcando el inicio de una era de esperanza.
En su toma de posesión el 27 de enero de 2022, Castro reafirmó su compromiso de refundar el país, tal como lo anunció en su campaña, destacando una ambiciosa agenda de 22 promesas clave. Pero, ¿ha cumplido con lo prometido?
La presidenta reconoció que no podrá concluir los compromisos y proyectos que como Gobierno ambicionan y prometieron a la población hondureña durante la pasada campaña electoral.
Tunota.com, en la revisión de lo que el Gobierno de la primera mujer presidenta ha hecho en Honduras, encontró algunos logros, obstáculos y las causas por las que hasta ahora Castro no ha logrado cumplir la totalidad de sus promesas.
Los logros alcanzados
En el terreno de las reformas, Castro logró avances notables. Entre ellos, la derogación de los fideicomisos y medidas para fortalecer la infraestructura pública, como la reparación de escuelas y aeropuertos.
Además, destacó en legislación ambiental al derogar decretos que afectaban reservas naturales como el Merendón y la montaña Botaderos.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, se eliminó la Ley de Secretos y se aprobaron reformas al Código Penal que penalizan a empresas contaminantes.
No obstante, los expertos consideran que estos pasos son insuficientes frente a la magnitud del problema.
Para Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), los esfuerzos del gobierno han sido “limitados”, destacando avances en la recuperación parcial de lo público, pero sin resultados transformadores.
“El Estado ha asumido un rol significativo en el desarrollo de infraestructura. Sin embargo, en esta recuperación parcial de lo público, no se pueden ignorar los esfuerzos realizados en la ENEE, especialmente en la inversión destinada a reparar el equipamiento dañado e incorporar nueva tecnología para mejorar la distribución", señala Irías.
Otra promesa de campaña que sí materializó es la eliminación y derogación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE).

Subsidios
La presidenta prometió subsidiar la energía para “más de un millón de familias que viven en pobreza y consumen menos de 150 kilovatios por mes” con aportes de los “altos consumidores”.
El decreto se aprobó en febrero y 1,334,648 usuarios dejaron de facturar 540.9 millones de lempiras mensuales (más de 22 millones de dólares).
Sin embargo, el 60 % del cargo pasó al Estado y el 40 % al sector industrial y comercial, según el propio secretario de Energía, Erick Tejada.
Además, analistas consultados apuntaron que la medida, al no ser focalizada, podía prestarse para nuevos encarecimientos.
Castro también cumplió su promesa de subsidiar los combustibles para “lograr una reducción de los precios”.
Con otro decreto, redujo el precio de la gasolina en unos 10 lempiras (0.4 dólares) por galón.
Sin embargo, la guerra derivada de la invasión rusa a Ucrania desde febrero de 2022 encareció los precios a nivel mundial, limitando el impacto de la medida.
Derechos humanos: una promesa quebrantada
La defensa de los derechos humanos fue una promesa central de Castro. Sin embargo, los datos de Human Rights Watch señalan que Honduras sigue siendo el país más peligroso para los defensores ambientales, con 13 asesinatos entre enero y agosto de 2023.
El 14 de septiembre de 2024, el ambientalista y regidor de Tocoa, Colón, Juan López, fue asesinado a tiros tras salir de una iglesia en la colonia Fabio Ochoa.
López era un destacado defensor del medio ambiente, conocido por su oposición a proyectos mineros que afectaban el río Guapinol y el Parque Nacional Carlos Escaleras.
A esto se suma, el Mecanismo de Protección para activistas que sigue en crisis, afectado por problemas presupuestarios y de coordinación.
Irías también destaca que los ataques letales contra defensores no solo permanecen, sino que subrayan la falta de medidas eficaces.
“Honduras necesita reconstruir su institucionalidad en derechos humanos, algo que no hemos visto avanzar”, lamenta.

La deuda con la CICIH
La instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH) fue otra promesa crucial.
Aunque se firmó un memorándum con la ONU, el convenio definitivo aún está en negociación.
Con un plazo hasta el 15 de diciembre de 2024, los avances son limitados, generando dudas sobre su cumplimiento.
Seguridad: entre la militarización y el fracaso
En materia de seguridad, la administración de Castro no logró desmilitarizar el país, una de sus propuestas clave.
Contrariamente, Honduras experimentó una nueva fase de remilitarización debido al aumento de la violencia, particularmente por pandillas y crimen organizado.
Las medidas de “mano dura” han generado resultados inconsistentes, señalan los expertos consultados.
Para Tiziano Breda, analista de ACLED, (Armed Conflict Location and Event Data), Castro enfrentó un dilema.
“Las primeras medidas para devolver la seguridad a la Policía no funcionaron; el aumento de violencia obligó a retroceder. Aunque bajaron ciertos índices, no hubo un cambio significativo como en El Salvador”, indica.
Amnistía
Xiomara Castro reiteró en varias ocasiones su compromiso de liderar un cambio respecto a los últimos gobiernos, destacando su rol como la primera mujer presidenta de Honduras.
Prometió impulsar leyes que condenaran el golpe de Estado de 2009 y ofrecer amnistía “para los presos políticos, de conciencia y en el exilio”.
Ambas medidas se aprobaron en febrero de 2022, bajo la Ley para la Reconstrucción Constitucional y para que los Hechos no se Repitan.
Sin embargo, la amnistía es criticada como un “pacto de impunidad” en favor de exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya acusados de corrupción.
Economía y salarios: expectativas insatisfechas
La promesa de un salario digno también quedó a medias. Aunque se aprobó un aumento del 9.80 % en febrero de 2023 al salario mínimo, la realidad económica de los hondureños sigue siendo precaria debido al alto costo de la canasta básica.
Obstáculos políticos
La fragmentación en el Congreso Nacional ha sido un obstáculo significativo para la agenda de Xiomara Castro.
La falta de mayoría simple obligó a alianzas complejas y a negociar con otras fuerzas políticas, diluyendo la capacidad de implementar reformas profundas.
Breda también señala que la falta de cohesión interna en el partido Libre genera un empantanamiento en la gobernanza.
“El partido de gobierno se fracturó, perdiendo la mayoría en el Congreso, lo que desde un principio se identificó como un obstáculo significativo para la administración. Además, de las fracturas internas que provocaron este empantanamiento en el Congreso”, señala el analista Breda.
¿Voluntad política?
La agenda propuesta en el Plan Bicentenario, en gran medida, dependía y depende de acuerdos en el ámbito legislativo.
Una de las principales causas del incumplimiento de las promesas de la mandataria es una combinación de voluntad política limitada y pragmatismo.
El partido Libre, en lugar de impulsar una reforma sustancial del Estado, optó por negociar cuotas de poder con gran habilidad, pero a costa de asumir reformas profundas necesarias para la recuperación del Estado de derecho.
La cultura política en Honduras sigue permeada por valores tradicionales que reflejan un bajo nivel de democracia.
"En este contexto, se ha priorizado la funcionalidad basada en acuerdos con los militares, una relación cercana que representa un obstáculo significativo para avanzar en reformas democráticas sustanciales", señala Gustavo Irías.
Este panorama evidencia los retos que enfrenta el gobierno para cumplir su promesa de refundar el país.
La corrupción y la inseguridad siguen siendo problemas endémicos que requieren un enfoque estructural.
El legado de Xiomara Castro dependerá de su capacidad para cerrar brechas y generar resultados tangibles en sus últimos meses de gestión.
Mora agraria
El 6 de junio de 2023, se creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, con el objetivo de revisar el estamento jurídico de propiedades en disputa y elaborar un plan que resuelva la mora agraria, para luego elaborar un proyecto de decreto a ser enviado al Congreso Nacional.
Sin embargo, según denuncian organizaciones campesinas, esta comisión ha estado más concentrada en los desalojos violentos sin investigar la titularidad de las tierras y en atemorizar a grupos campesinos.
Sin embargo, la Comisión surge del seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), y se anunció con la presencia del alto mando militar y policial.
Esto no generó confianza en los sectores sociales en lucha, quienes ven que el mensaje principal es el desalojo inmediato de las tierras ocupadas por las organizaciones campesinas.
Un futuro incierto
Con elecciones cercanas, el tiempo para cumplir con las promesas de refundar el país se agota.
La corrupción y la inseguridad siguen siendo problemas endémicos que requieren un enfoque estructural.
El legado de Xiomara Castro dependerá de su capacidad para cerrar brechas y generar resultados tangibles en sus últimos meses de gestión.
El futuro de Honduras depende también de la voluntad política y del respaldo social para construir un país más equitativo y seguro.
La falta de avances significativos podría impactar no solo en el balance del actual gobierno, sino también en las expectativas de los hondureños sobre el liderazgo político en las próximas elecciones de 2025.
Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de las promesas, sino la esperanza de un cambio real para Honduras.
