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Un fuerte intercambio de opiniones se generó el viernes, 21 de agosto, a través de Twitter, después que se diera a conocer la resolución de la Corte de Apelaciones del sobreseimiento definitivo Elvin Santos Lozano, acusado en el Caso Pandora.
El pleito fue protagonizado por el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, y el abogado defensor del acusado, Raúl Suazo Barillas.
El titular de la Uferco reaccionó molesto tras la resolución, a través de su cuenta de Twitter en la que envió un fuerte mensaje.
“Más de 100 millones, provenientes de la SAG, depositado de forma, simulada y fraccionada en una cuenta aperturada a nombre del CCEPL, pero manejada al margen de su contabilidad por el imputado y un empleado personal y la CSJ no ve DELITO en ese actuar.... Esto no puede ser!”, escribió Santos.
Tras la publicación de Santos, el abogado defensor Raúl Suazo Barillas, contestó: “Deje de mentirle a la gente, pelea en los medios de comunicación lo que NO pudo probar en juicio por ineptitud. ¿En qué parte del juicio demostró una cuenta simulada y fraccionada manejada por el Sr Elvin Santos Lozano? ¿Por qué no tuvo huevos de acusar a los verdaderos culpables?”.
Lo anterior generó cientos de comentarios a favor y en contra de lo expuesto por ambos abogados.
En ese sentido, los reclamos de los abogados se da en el marco del sobreseimiento definitivo que la Corte de Apelaciones ha dado a 23 de los 38 acusados por la Uferco y a la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
Caso Pandora cosa juzgada
Por su parte, el abogado y ex Fiscal General de la República, Edmundo Orellana explicó el tema medular que llevó a la Corte de Apelaciones a tomar esta decisión.
En el caso Pandora es un criterio de la Corte en función de si la persona sabía o no la proveniencia del dinero, es decir, el receptor. quién recibió el dinero según la corte no sabía que venía del gobierno”, según explicó a tunota.com el exfuncionario.
Además añadió: “supuestamente, el Ministerio Público no probó la conexión. Sin embargo, el problema que tiene esa causa es que hay un hecho que es incuestionable, el dinero se sacó ilegalmente y llegó ilegalmente a una ONG y de la cuenta bancaria de la ONG pasó a cuentas bancarias particulares que sirvió para pagar campaña electoral”, ilustró el abogado.
En ese sentido Orellana agregó que ante la evidencia “es imposible tomar una decisión como la que tomó la Corte porque no es cuestión de que yo sepa o no sepa. Es cuestión que si a mí me aparecen en mi cuenta bancaria 90 millones de lempiras de una ONG que yo no conozco explíqueme usted cómo es posible que eso se dé”, cuestionó Orellana.
De acuerdo a los archivos de informes, el caso antes mencionado fue presentado a las autoridades competentes en 2018 mismo que involucra a altos funcionarios públicos y personas naturales por su presunta participación en la sustracción de más de 282 millones de lempiras de las arcas del Estado.
La acusación interpuesta por Uferco y la Maccih señaló a los imputados de haber cometido delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos.