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Ejercer la abogacía en Honduras dejó de ser, hace tiempo, una profesión de escritorio para convertirse en una actividad de alto riesgo. Desde febrero de 2004 hasta febrero de 2026, al menos 220 abogados han sido asesinados.
Esa es una cifra que no solo golpea al gremio, sino que desnuda la fragilidad del sistema judicial en el país.
No es un dato frío, es una advertencia: en Honduras, defender la ley puede costar la vida.
De interés: Conadeh: 220 abogados asesinados en Honduras desde 2004, un 90% en impunidad
Abogados y el mapa de riesgo
La violencia no es dispersa ni casual, tiene territorios definidos: Francisco Morazán, Atlántida, Olancho, El Paraíso, Valle y La Paz encabezan la lista de departamentos donde más abogados han sido asesinados, junto con las regiones Sur, Norte y Caribe.
Detrás de cada cifra hay expedientes, disputas, intereses y, muchas veces, estructuras criminales que no toleran interferencias.
El ejercicio del derecho, especialmente en áreas sensibles, se convierte en una línea roja.
Pactos con el crimen: la presión que no se ve
En voz baja, pero con crudeza, dirigentes gremiales lo admiten: hay abogados que terminan cediendo ante la presión del crimen organizado.
El abogado José Zúñiga dice: “Son situaciones que, como dicen algunos, se ponen a firmar pactos con el diablo con el crimen organizado y estos no perdonan que usted no cumpla”.
No se trata solo de corrupción. Es supervivencia, una decisión forzada en un entorno donde negarse puede significar convertirse en objetivo.
Un gremio golpeado y sin respuestas
Desde el Comité de Derechos Humanos (CODEH), el abogado Hugo Maldonado pone el foco donde duele:
“Los abogados han sido un gremio golpeado, es un sector vulnerable y no hay que quitar el dedo de la llaga sobre la impunidad”.
Esa impunidad, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), alcanza el 93%. Es decir, la gran mayoría de los asesinatos de abogados no encuentra justicia.
El mensaje es claro y peligroso: matar a un abogado en Honduras rara vez tiene consecuencias.
Capturas que no cambian el fondo
Las autoridades sostienen que hay avances y desde la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reporta la captura de cinco personas durante 2026 vinculadas a delitos contra la vida de profesionales del derecho.
El portavoz policial Wilfredo Maldonado explicó que los detenidos están relacionados con asesinatos, homicidios y tentativas de homicidio en distintos operativos.
Pero en un país donde la impunidad roza el total, estas capturas parecen más una excepción que una regla capaz de cambiar la historia.
Cuando la justicia también necesita defensa
La violencia contra abogados no es un fenómeno aislado, es un síntoma. Revela un sistema donde quienes deben defender la legalidad operan bajo amenaza constante, en medio de estructuras criminales que buscan controlar, intimidar o silenciar.
El riesgo no solo lo asume el abogado, lo asume la justicia misma. Porque cuando el miedo entra en los tribunales, la ley deja de ser garantía y empieza a ser un terreno en disputa.
En Honduras, el asesinato de un abogado no solo apaga una vida: debilita el derecho de todos.
Y mientras el 93% de esos crímenes siga sin castigo, la pregunta no es cuántos más morirán, sino cuánto más puede resistir un sistema donde defender la ley se convirtió, peligrosamente, en un acto de valentía.
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