Cuando los agentes federales irrumpieron en una vivienda de Providence, no buscaron a cualquier persona. La orden era precisa: capturar a Vivian Gisselle Soriano Neto, hondureña que pasó desapercibida durante años, hasta que una menor fue puesta en peligro.

En su contra pesan cargos de los que pocas veces se vuelve: tráfico de menores y solicitación indecente a una niña.

La historia, envuelta en sigilo, expone una vez más la oscura realidad del abuso infantil.

Acusaciones graves

La detención de Soriano Neto ocurrió el 11 de marzo de 2025, en un operativo liderado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) junto a la DEA y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Días antes, el 20 de febrero, la Policía de Providence la acusó formalmente por dos cargos de solicitación indecente a un menor y tráfico de menores.

“El daño que se le hace a un niño es una ofensa contra toda la comunidad”, dijo Patricia Hyde, directora interina de ICE Boston.

Y añadió que su oficina arrestará y deportará a quienes representan un riesgo para la seguridad pública.

Una migración irregular con antecedentes

Soriano Neto no es nueva en el radar migratorio. El 25 de octubre de 2017, ingresó ilegalmente a Estados Unidos por Calexico, California.

La arrestaron agentes fronterizos y la entregaron a ICE, que la liberó bajo palabra días después, con la obligación de presentarse ante un juez migratorio. Nunca lo hizo. Durante años, su estatus fue incierto… hasta ahora.

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ICE busca su deportación inmediata

Actualmente la hondureña permanece bajo custodia federal, mientras ICE trabaja en su deportación a Honduras.

Sin embargo, el proceso podría complicarse si primero debe enfrentar la justicia penal por los delitos en territorio estadounidense.

Las acusaciones son de alto peso, y una condena podría sellar su destino con años de cárcel antes de cualquier retorno.

El caso de Vivian Gisselle Soriano Neto deja una herida en la confianza que se tiene en quienes cruzan fronteras en busca de una nueva vida.

Cuando la niñez se usa como herramienta de explotación, la sociedad responde con todo su rigor.

La justicia tendrá la última palabra, pero para la víctima, el daño ya está hecho. Lo que está en juego es más que un proceso migratorio: es la protección de la infancia.