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La violencia volvió a golpear en el Bajo Aguán. Hace diez días asesinaron a Juan Antonio López, un hombre que dedicó su vida a la defensa de los recursos naturales de su tierra.
Hoy, sus compañeros de lucha viven bajo la sombra del miedo, temiendo que sus vidas también sean arrebatadas.
"No queremos ser los próximos", confiesan en medio de rostros marcados por la desesperanza.
Los defensores hablaron con tunota.com bajo la condición de anonimato, conscientes de que cualquier palabra podría sellar su destino en esta tierra donde la justicia parece inalcanzable.
"La historia del Aguán no cambia", lamentan. "Es una tierra de conflictos. Pero entender lo que sucede aquí requiere reconocer los intereses que se mueven a su alrededor". Estos intereses, explican, son la raíz de una violencia que no cesa.
De la riqueza natural al monocultivo
Durante décadas, el Aguán ha sido una tierra codiciada. Desde los años 70, actores económicos, políticos y criminales moldearon la región a su favor.
Las tierras, antes dedicadas a cultivos diversos, se transformaron. "Desaparecieron los bosques y ahora todo es palma africana. Este monocultivo trajo consigo más violencia que riqueza", señalan con resignación.
El narcotráfico encontró en el Aguán un territorio fértil, eso exacerbó la violencia. "Todo empeoró cuando narcotraficantes se aliaron con políticos y empresarios, aprovechándose de la falta de control estatal", explican.
El Estado, ausente y cómplice
Los defensores del Aguán no dudan en señalar a las autoridades como cómplices del despojo y la violencia que enfrentan.
"Desde Tegucigalpa, las instituciones permiten que los megaproyectos destruyan nuestra tierra", denuncian, mencionando a entidades como Inhgeomin, el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Fiscalía y hasta el Ejército y la Policía Nacional.
La historia se repite, dicen. Hace 28 años, Carlos Escaleras, otro defensor del medio ambiente, fue asesinado por oponerse a una planta extractora de aceite en la comunidad de Guapinol.
Hoy, los mismos intereses que le quitaron la vida siguen presentes, cobrando otra víctima: Juan López, asesinado el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón.
Una demanda de justicia
"Denunciamos lo que estaba sucediendo hace años, pero nadie nos escuchó", recuerdan con tristeza.
Hoy, el asesinato de Juan es un mensaje claro de los poderosos: quien se oponga será silenciado. "No queremos más violencia, pero ellos no descansarán", advierten. La historia se repite y el miedo en Tocoa es palpable.
El mensaje de los defensores es claro: "El Estado debe garantizar nuestra vida. No pueden permitir otro asesinato. Juan murió porque el Estado no lo protegió".
Exigen el cierre de minera
La comunidad exige acciones inmediatas. Para ellos, el primer paso hacia la justicia es cancelar el proyecto Pinares Ecotek, al que consideran el origen de la violencia que cobró la vida de Juan.
"Este megaproyecto debe ser clausurado. Es la primera justicia que esperamos", demandan. Además, piden que se investiguen las denuncias que presentaron, incluyendo la adulteración de actas municipales para beneficiar a la empresa.
"El Estado tiene una gran responsabilidad. A Juan lo mataron porque no lo protegieron, y no descansaremos hasta que se haga justicia", concluyen con la esperanza de que la muerte de su compañero no quede impune.