El alcalde del municipio de Manto, departamento de Olancho, oriente de Honduras, José Luis Chirinos, está denunciando que al menos 30 cabezas de ganado fueron envenenadas en una finca de su propiedad.
Los informes indican que el ganado bovino, está en una labranza a la que debieron trasladarlo debido a la escasez de alimento provocada por la severa sequía que afecta la región.
Fue a este lugar donde los delincuentes accedieron y contaminaron los recipientes de agua que habitualmente se utilizan para suministrar bebida a los animales.
Cuando los trabajadores de la finca llegaron a realizar su rutina matutina, se encontraron con una escena devastadora: seis reses muertas y varias más agonizando.
Durante la investigación inicial en el lugar, se hallaron bolsas con restos del veneno utilizado, lo que confirma la intención deliberada del ataque.
Alcalde sospecha que es una 'venganza política'
El alcalde José Luis Chirinos expresó su profunda indignación y temor de que este acto pueda estar motivado por conflictos políticos, especialmente debido a los resultados de las recientes elecciones primarias del 9 de marzo.
Y es que, de acuerdo con el escrutinio realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Chirinos está siendo reelecto como candidato a la alcaldía de Manto por el movimiento Alianza FRP / M28 del partido Libertad y Refundación (Libre).
"Mi familia no tiene conflictos con la comunidad, siempre hemos trabajado por el bienestar de nuestros vecinos", declaró Chirinos, visiblemente afectado por la situación.
Los dueños del ganado aseguran que este ataque es una represalia política, vinculada a disputas locales.
Interpondrá la denuncia correspondiente
Afortunadamente, no todas las reses consumieron el agua contaminada; sin embargo, se estima que al menos diez de ellas están en riesgo de morir debido a las complicaciones para recibir atención veterinaria, exacerbadas por la distancia y la falta de transporte adecuado.
Ante la gravedad del suceso, el alcalde anunció que interpondrá una denuncia formal ante las autoridades competentes, exigiendo una investigación exhaustiva y sanciones para los responsables.
Los causantes del envenenamiento y la muerte del ganado podrían enfrentar una condena de tres (3) a cinco (5) años de prisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Protección y Bienestar Animal.
