Organizaciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) y el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) están advirtiendo que un proyecto de ley de licenciamiento ambiental en discusión en el Congreso Nacional, podrían estar violentando los derechos humanos y ambientales de campesinos, pueblos autóctonos y de los hondureños en general.

El jueves 8 de mayo, el Congreso Nacional sometió a primer debate la Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental impulsada por el congresista Luis Redondo.

Este proyecto de ley tiene como propósito emitir licencias ambientales de forma inmediata en sectores como infraestructura, energía renovable, agroindustria, turismo sostenible, manufactura, vivienda social o zonas francas.

Conadeh: hay que respetar normas internacionales y derechos humanos

En un comunicado, la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, reconoció los esfuerzos del parlamento hondureño para modernizar y simplificar los procesos estatales a través de este proyecto.

Sin embargo, considera necesario que la iniciativa se realice en estricto apego a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Honduras, no solo en materia ambiental, sino de manera expansiva a todos los derechos humanos.

El proyecto de ley fue sometido a un análisis ante la Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso Nacional, la cual señaló su presunta compatibilidad con los tratados internacionales en materia de protección ambiental.

El Conadeh encuentra que al simplificarse los procesos de licenciamiento ambiental sin previo análisis de cada caso se "acentuarían las problemáticas que generan conflictividad ambiental en el país, principalmente la falta de la celebración adecuada de la consulta previa, libre e informada, la falta de fiscalización rigurosa de la actividad extractiva, y los vacíos y ambigüedades en el marco legal nacional".

El organismo de derechos humanos cree que la flexibilización de los procesos de evaluación y otorgamiento de licencias ambientales propuesta en la iniciativa de ley "carece de claridad operativa y taxatividad normativa, lo que se traduce en potenciales violaciones de derechos humanos", especialmente a poblaciones históricamente afectadas, como los pueblos indígenas, afrohondureños y comunidades locales.

Múltiples antecedentes por conflictos ambientales en Honduras

El Conadeh informó que ha documentado "múltiples quejas" relacionadas con violaciones de derechos humanos derivadas de conflictos por licenciamientos ambientales. Lamentó que sus requerimientos de información enviados a la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) entre 2024 y 2025 no han recibido respuesta.

En este contexto, el organismo exhortó al parlamento hondureño a considerar "el impacto de la vigencia" de la normativa antes de su aprobación, así como las violaciones de derechos humanos que enfrentan las comunidades afectadas y la falta de respuesta estatal ante los procesos investigativos impulsados por el Conadeh.

También recomendó revisar el proyecto de ley a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, aplicar un riguroso examen de convencionalidad, y ofreció su acompañamiento técnico para asegurar que cualquier marco normativo respete las obligaciones del Estado hondureño en esta materia. 

El Cespad lo considera un retroceso en manejo del medioambiente

La asesora ambiental del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), Lucía Vijil, expresó su preocupación ante el proyecto de ley, al considerar que esta iniciativa representa un retroceso grave en materia de derechos humanos, protección ambiental y participación ciudadana.

"En definitiva es un retroceso completo a los pocos avances del reconocimiento de los defensores y defensoras ambientales, de los convenios firmados a nivel internacional", indicó Vijil.

Además, agregó "que nos complejiza, nos pone en una situación de alerta y por eso es el llamado a distintas organizaciones a que nos sumemos a demandar, exigir al Congreso, la no aprobación de esta ley".

Según Vijil la aprobación de esta ley no ha pasado por consulta ciudadana y tampoco hay información disponible. Además, expone a una mayor vulnerabilidad a sectores que históricamente han estado excluidos de estos procesos.

Enfatizó que el proyecto niega el acceso a información pública, ya que no especifica ni la magnitud de los proyectos, ni los ecosistemas que se verían afectados, ni las regiones implicadas.

Agregó que esta legislación nace bajo la narrativa de combatir la burocracia estatal, pero en realidad traslada competencias públicas a la empresa privada mediante el pago de un canon ambiental, dejando al Estado sin capacidad efectiva de fiscalización o control.

Finalmente, hizo un llamado urgente a organizaciones sociales, comunidades y defensores ambientales a movilizarse para exigir al Congreso Nacional la no aprobación de esta normativa.

¿Qué dicen en el Congreso Nacional?

Por su parte, Oved López, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), manifestó este martes en TN5 matutino que con esta ley se busca agilizar los procesos burocráticos sin menoscabar el marco legal ni el resguardo del medio ambiente.

"Actualmente hay muchos trámites paralizados en las instituciones y tardan demasiado. Y esa tardanza obstaculiza el inicio de operaciones de nuevos proyectos, fábricas, planteles, proyectos habitacionales", argumentó.

El congresista aseguró que el apoyo a esta ley se dará bajo el compromiso de respetar la legislación vigente, los procedimientos técnicos y la protección ambiental.

"Buscamos proteger el bosque, proteger los ríos, pero además, que se generen fuentes de empleo, inversión, que Honduras sea un país propicio para los nuevos inversionistas, ya sean nacionales o extranjeros, pequeños, medianos o grandes empresarios", indicó el parlamentario.

López recalcó que la propuesta incluye mecanismos para establecer tiempos definidos en los trámites de licenciamiento, con el fin de evitar que procesos que actualmente tardan hasta tres años puedan resolverse de forma más expedita, siempre dentro del marco legal.

También puede leer: Conadeh pide a ONU recomendar al gobierno cese de estado de excepción