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La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se prepara para una de sus reuniones más tensas y decisivas.
En el centro de la agenda, y como un fantasma que recorre el continente, se encuentra el tema de las deportaciones masivas de migrantes desde Estados Unidos, una política que cobra fuerza con el regreso de Donald Trump al poder y que sacude los cimientos de la región.
Con más de 100,000 personas deportadas en apenas unas semanas, la administración Trump inició una ofensiva migratoria que afecta a casi todos los países miembros de la Celac.
Los vuelos con migrantes llegan desde todos los puntos: algunos con nacionales, otros con ciudadanos de países vecinos que deben ser redirigidos.
La realidad supera cualquier previsión diplomática, y ahora la región exige respuestas. (LEA TAMBIÉN: Honduras afina detalles para celebración de Cumbre de la Celac en Tegucigalpa)
México y el Triángulo Norte: el primer frente de impacto
México es uno de los países más golpeados en esta nueva oleada de deportaciones. En solo dos meses, más de 24,400 personas fueron deportadas, incluyendo unos 4,600 extranjeros, muchos de ellos venezolanos frustrados por el fin del “sueño americano”.
Honduras, Guatemala y El Salvador, el llamado Triángulo Norte, todavía no reportan cifras significativamente más altas que en años anteriores, pero los analistas advierten que esto podría cambiar en cualquier momento.
Estados Unidos deportó a más de 271,000 personas en 2024, y Trump promete superar ese número.
A modo de comparación, el récord histórico lo mantiene Barack Obama, con más de 432,000 deportaciones en 2013.
Acuerdos bilaterales polémicos y vuelos que inquietan
Uno de los focos de mayor tensión es la reactivación de acuerdos bilaterales de repatriación que varios países firmaron bajo presión durante la primera administración Trump.
Guatemala, por ejemplo, aceptó aumentar en un 30 % los vuelos de repatriación y prestar su territorio como centro de paso para migrantes de otras nacionalidades.
En Honduras, los vuelos llegan directamente a la base militar de Palmerola, en los que se embarcan migrantes venezolanos de regreso a su país.
En El Salvador, más de 200 migrantes, algunos acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua son confinados en el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), mientras organismos de derechos humanos denuncian irregularidades procesales.
Costa Rica y Panamá también reciben vuelos con migrantes asiáticos y africanos que no tienen conexión directa con los países de destino.
Muchos de ellos quedan varados, con permisos temporales que los empujan a buscar por su cuenta una tercera nación. (LE PODRÍA INTERESAR: América Latina encara otra cumbre con los mismos fantasmas de siempre)
El fin del “parole humanitario”: una bomba de tiempo
Uno de los anuncios más alarmantes es la revocación del programa de “parole humanitario”, que permitió a más de medio millón de personas, entre cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Con fecha límite el 24 de abril, quienes no regularicen su estatus deberán abandonar el país o enfrentar la deportación.
A más de 530,000 personas las afecta esta medida, de las cuales 117,000 son venezolanos, 210,000 haitianos, 93,000 nicaragüenses y 110,000 cubanos.
La incertidumbre crece en comunidades enteras, tanto en Estados Unidos como en sus países de origen, donde muchos gobiernos no están listos para recibirlos.
Venezuela: repatriación voluntaria y acuerdos forzados
Venezuela, cuyo éxodo es uno de los más dramáticos del siglo, recibió más de 2,100 deportados desde febrero.
El Gobierno de Nicolás Maduro asegura que lo hace como parte de una nueva fase del programa Vuelta a la Patria, creado en 2018.
Sin embargo, el contexto es ahora más complejo: los vuelos se organizan en coordinación con Estados Unidos, México y Honduras, y muchos de los que vuelven no tienen un hogar al que regresar. (TAMBIÉN: Gobierno ordena teletrabajo y clases virtuales por cumbre de la Celac)
Un continente con el corazón migrante
La realidad es clara: la migración define la historia reciente de América Latina. Con casi seis millones de centroamericanos viviendo en Estados Unidos, el impacto de las deportaciones no es solo estadístico, es profundamente humano.
Familias separadas, comunidades fracturadas y un futuro incierto acechan a cientos de miles de personas.
La cumbre de la Celac en Honduras será un espacio, dicen analistas, para exigir respeto, cooperación y respuestas concretas.
Será también una oportunidad para que los gobiernos del continente hablen con una sola voz frente a Washington, y definan una política regional común ante un fenómeno que los trasciende a todos.
¿Qué pasará después de la cumbre?
Más allá de los discursos y las fotos oficiales, la Celac tiene una oportunidad histórica: demostrar que la unidad regional no es solo una aspiración diplomática, sino una necesidad vital.
El drama de las deportaciones masivas exige acciones concretas, acuerdos firmes, y sobre todo, un enfoque humano que ponga en el centro a quienes hoy sufren el peso de decisiones tomadas a miles de kilómetros de sus hogares.
La región está en una encrucijada. O actúa con firmeza y solidaridad, o seguirá siendo el receptor pasivo de políticas migratorias ajenas.
La cumbre en Honduras podría marcar el inicio de un nuevo capítulo. O convertirse, una vez más, en una promesa olvidada.
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