La solicitud del gobierno hondureño a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de una nueva prórroga del memorando de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) es una "manotada de ahogado", según el abogado Oliver Erazo.

A consideración del analista hondureño se trata de una jugada más de las autoridades de Honduras para "mantener engañado al pueblo".

"La última manotada de ahogado de este gobierno para tratar de mantener la mentira. Un barniz de esperanza de una promesa política de campaña con la cual engañaron al pueblo hondureño y con la cual atrajeron muchísimos votos", dijo a Noticieros Hoy Mismo de TSi.

El abogado Erazo consideró que la CICIH nunca se instaló en Honduras debido a que no es un tema de interés de la clase política.

"Sencillamente no es algo que realmente les interese a la clase política ni al partido que ejerce el poder, ni a los partidos que conforman la pseudo oposición política del país", agregó.

Arguyó que con esta nueva solicitud, el gobierno busca "darle atol con el dedo a la población para mantener la posibilidad y decir en el discurso de cierre (de gobierno) que volvimos a mandar la nota". En caso de que el partido de gobierno no gane las elecciones el 30 de noviembre, dirán que es responsabilidad del gobierno que tome el poder y se desligarán del tema.

Sin embargo, si vuelven a ganar "van a volver a prometer que en este periodo sí van a instalar la CICIH"; sin embargo, previó que seguirían en la misma retorica.

La CICIH fue un compromiso firmado por el gobierno de Xiomara Castro con la ONU en 2022 y, aunque fue vista como un paso decisivo en la lucha contra la corrupción, el acuerdo ha sido prorrogado en cuatro ocasiones.

¿Qué es la CICIH?

La CICIH es una propuesta para establecer un organismo independiente e internacional con el objetivo de combatir la corrupción y la impunidad en Honduras.

Para poder instalar la CICIH es necesaria la reforma del artículo 232 de la Constitución de la República, lo que tomará tiempo ya que en caso de que se apruebe y ratifique este año, entrará en vigencia en 2025.

El artículo se refiere a las atribuciones del Ministerio Público y establece que corresponde a este órgano contralor "el ejercicio oficioso de la acción penal pública".

Una vez aprobada la reforma se podrá dar las atribuciones que requiere la Comisión para combatir la corrupción e impunidad en el país.