En Comayagüela, donde el bullicio de los mercados convive con la sombra del miedo, la justicia hondureña dio un golpe certero contra el delito que por años desangra a los pequeños comerciantes: la extorsión.

La Sección Antiextorsión de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró dos sentencias condenatorias contra integrantes de estructuras criminales dedicadas al cobro ilegal de dinero bajo amenazas.

Ambos condenados enfrentan penas que superan los once años de prisión y multas millonarias.

"El Maquiavélico": gatillero que cobró extorsión

Ian Fernando Murillo Montoya, conocido como “El Maquiavélico”, fue condenado por el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.

Su sentencia: 11 años y tres meses de prisión y una multa de 1,875,000 lempiras. A ello se suma un año adicional por porte ilegal de arma de fuego y una sanción de localización permanente por 18 meses, además de las penas accesorias correspondientes.

A Murillo Montoya lo capturaron en marzo en el barrio La Granja de Comayagüela, mientras exigía el pago del mal llamado “impuesto de guerra” y portaba un arma.

Las investigaciones revelaron que era gatillero de la pandilla 18, responsable de intimidar a comerciantes que se negaron a pagar.

"El Abuelo": taxista que usó el volante para cobrar miedo

Otro de los sentenciados es Lurbin Radamés Ramírez, alias “El Abuelo”, quien usó su taxi como fachada para moverse entre colonias y cobrar extorsiones.

Según las autoridades, operó en zonas como La Cañada, el Anillo Periférico y sectores cercanos, donde exigía dinero a nombre de una estructura delictiva.

Fue condenado a 11 años y tres meses de prisión y a una multa igual de 1,875,000 lempiras, tras comprobarse su participación directa en la extorsión.

A Ramírez lo denunciaron en múltiples ocasiones, y su captura devolvió la tranquilidad a varias familias que por meses vivieron bajo el acecho del miedo.

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Justicia con peso: penas, multas y un mensaje a los criminales

Con multas que en conjunto superan los 3.7 millones de lempiras, estas condenas buscan también afectar el músculo financiero de las estructuras criminales.

Es una manera con la que las autoridades muestran que la extorsión ya no es un negocio impune.

Cada fallo judicial representa una victoria para quienes se negaron a seguir pagando por vivir.

En Comayagüela, los comerciantes comienzan a respirar un poco más tranquilos. Y aunque la lucha contra la extorsión continúa, estas condenas marcan un precedente: los que antes cobraron el miedo, hoy lo pagan con años y millones.