Dicha medida es una búsqueda de transparencia a medias, porque la iniciativa también debería de haber incluido al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), considera el director legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid.

"No es la vía correcta en que sea por medio de la CNBS, este es un ente regulador del sistema financiero nacional y se están sustituyendo a las instituciones que ya están establecidas de manera constitucional para poder llevar a cabo este tipo de acciones", dijo Madrid.

Y que mientras la CNBS solo podrá facilitar información de las cuentas bancarias o bienes financieros, el TSC tiene acceso a los bienes inmuebles y acciones mercantiles de los funcionarios.

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Ante ello, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, consideró que nada de esto sería necesario si en el país se cumpliera a cabalidad la ley.

"Lo que ha ocurrido es que nadie en este país ha querido aplicar el artículo 225 -de la Constitución- en donde obliga a todos los funcionarios; ya sea del Legislativo, Ejecutivo o del Poder Judicial, autorizar al TSC para que investiguen los bienes y negocios", señaló Espinoza.

Transparencia y rendición de cuentas

Entre tanto, en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) consideran que el decreto ejecutivo facilitará el trabajo en pro de la transparencia y la rendición de cuentas.

De igual forma, invitaron a los funcionarios a autorizar la investigación a la CNBS al indicar que "el que nada debe, nada teme" y aseguran que "darán el ejemplo".

"Yo seré uno de los primeros empleados públicos que tiene un puesto de dirección que de manera inmediata voy a presentar mi autorización", manifestó el comisionado del IAIP, Vladimir Mendoza.

La iniciativa

A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Prensa indicó que esta disposición incluye, además a los titulares de las instituciones autónomas, desconcentradas y descentralizadas.

El decreto añade que cada uno de los funcionarios autorizarán la investigación de sus cuentas, documentos que tienen que ser presentados a la CNBS en un plazo máximo de 30 días.

También exhorta a los funcionarios de los otros poderes del Estado y demás órganos constitucionales, a sumarse a esta iniciativa para la "Transparencia Financiera y el Combate al Enriquecimiento Ilegítimo".

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