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El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente dictó la apertura a juicio oral y público en el expediente en el que se acusa a tres exmagistrados de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes enfrentan cargos por prevaricato judicial.
Los acusados, Wilfredo Méndez, Rina Alvarado y Reinaldo Hernández, se encuentran en el centro de una investigación que ha puesto en evidencia una serie de irregularidades judiciales que, según el Ministerio Público (MP), afectaron los intereses de la justicia en Honduras.
El 27 de enero, la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ratificó por unanimidad el auto de formal procesamiento contra los tres exfuncionarios judiciales.
En su resolución, el tribunal de alzada desestimó los recursos de apelación presentados por las defensas de los exmagistrados, lo que abre el camino para que el caso se dirima en un juicio oral y público.
Acusaciones
Las acusaciones contra los exmagistrados se centran en una sentencia emitida en marzo de 2022, que, según las investigaciones del MP, fue injusta y contraria a la ley.
La sentencia en cuestión benefició a instituciones bancarias demandadas por un monto millonario de 159,810,071.30 dólares.
La investigación revela que los exmagistrados emitieron la sentencia con el propósito de beneficiar a estas entidades financieras, lo que llevó a la Fiscalía a acusarlos de prevaricato judicial.
Irregularidades judiciales
El caso se remonta a febrero de 2016, cuando el pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda, que contenía recursos de casación, se devolviera a la nueva Sala de lo Civil.
Este procedimiento fue una consecuencia directa de que la Sala anterior (2009-2016) no alcanzó una resolución unánime sobre el caso, por lo que lo remitió al pleno.
Sin embargo, según el MP, este proceder es antijurídico, ya que cuando un expediente llega al pleno sin una resolución unánime de la Sala, no puede ser devuelto, pues el pleno actúa como una instancia definitiva en estos casos.
De acuerdo con la Fiscalía, el exmagistrado Reinaldo Antonio Hernández tuvo una influencia directa en el pleno para que la Sala que él integraba conociera y resolviera los recursos de casación, lo que demuestra un interés particular en el caso.
Este comportamiento es visto como una clara violación de los principios de imparcialidad y justicia, pilares fundamentales del sistema judicial hondureño.